El esfuerzo para sentar responsabilidades por la tramitación fraudulenta del bono proteger, creado para asistir a quienes perdieron el empleo, sufrieron suspensión de sus contratos laborales o reducción del salario a consecuencia de la pandemia, debe ser implacable. Ninguna estafa es tolerable, pero la del bono merece especial repudio y sanción.
Quien haya obtenido la ayuda sin reunir los requisitos burló la generosidad de la sociedad entera, redujo los recursos disponibles para apoyar a otros y sembró una desconfianza capaz de afectar futuros programas. Por eso es vital establecer el precedente, trátese de un beneficiario fraudulento o de quien le haya asistido en el engaño.
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Un informe de la Contraloría General de la República estimó el costo de los desvíos en ¢7.500 millones. Las autoridades del sector social disputan esa conclusión y atribuyen el posible error a diversos factores, como una reducción salarial aplicada dos meses antes de la solicitud de ayuda. Si la constatación se hace comparando ingresos del mes anterior, la diferencia no será detectada. También hay posibles distorsiones por reportes tardíos de los patronos y otros factores. No obstante, el cuestionamiento de la Contraloría llama a investigar y, sobre todo, a establecer precedentes.
La Contraloría detectó 66.300 beneficiarios fraudulentos del bono proteger. El número podría ser significativamente menor si las autoridades del sector social tienen razón. Por los mismos motivos citados para justificar una reacción severa contra quienes hayan delinquido, es indispensable resolver el desacuerdo e informar al país con precisión.
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Según el Ministerio de Trabajo y el Instituto Mixto de Ayuda Social, la principal posibilidad de fraude está en las declaraciones juradas exigidas a los beneficiarios y si constatan una falsedad informarán de inmediato al Ministerio Público. Sobre esas denuncias también debe haber una puntual rendición de cuentas.
Ojalá la Fiscalía no cometa el error de valorar mal los casos por su cuantía (los bonos van de ¢62.500 a ¢125.000 mensuales durante un trimestre) o la modestia de los defraudadores. Los engaños son relevantes por sus repercusiones sobre las necesidades de personas todavía más necesitadas y sobre la integridad de los mecanismos aplicados para distribuir un apoyo económico indispensable para enfrentar emergencias como la creada por la pandemia.
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El programa excluía, además de quienes no hubieran sufrido afectación por la pandemia, a empleados públicos, pensionados, privados de libertad y beneficiarios de otros programas sociales, pero entre las 2.300 personas investigadas por el propio Ministerio de Trabajo por presentar solicitudes irregulares hay miembros de todas esas categorías. También deben ser denunciados, aunque la falsa declaración jurada no hubiera rendido frutos.
Hay quienes necesitaban el bono cuando lo pidieron y luego mejoraron su situación económica sin reportarlo a la plataforma. Encontraron un empleo, les levantaron la suspensión del contrato o les restituyeron la jornada y siguieron cobrando el bono. En esos casos, corresponde recuperar el pago injustificado, pero cuando medie engaño, eso no basta y hacer la vista gorda dañará futuros esfuerzos de lucha contra la pobreza.