Primero, una invasión que violó los principios más elementales de soberanía e integridad territorial de los Estados en que se basa la arquitectura del sistema internacional. La expectativa: una victoria rápida sobre un “enemigo” (más bien, víctima) mucho más débil. Pero la mezcla de heroica resistencia de los agredidos, más los errores y descalabros de los invasores, frenaron la arremetida, que ya tiene más de seis semanas de haberse iniciado. Fue entonces que el régimen de Vladímir Putin, como lo hizo antes en Siria y Chechenia, optó por los ataques deliberados contra blancos civiles, y resucitó en Ucrania, un presunto país “hermano”, el uso de las atrocidades como estrategia bélica.
Los ejemplos están a la mano, documentados plenamente no solo por las autoridades democráticas ucranianas, sino por los servicios de inteligencia profesionales de Estados Unidos y sus aliados europeos. A ellos se han unido, en varios casos, verificaciones independientes de medios de comunicación, como el diario The New York Times, mediante el análisis de imágenes satelitales proporcionadas por compañías privadas. Los crímenes de guerra rusos, que denunciamos en nuestro editorial del 6 de marzo, son cada vez más tangibles y de mayor perversidad.
El 16 de ese mes fue bombardeado el principal teatro del puerto de Mariúpol, sobre el mar de Azov, a pesar de que los civiles refugiados en él habían colocado rótulos altamente visibles alertando de su presencia. Las mejores estimaciones reportan, cuando menos, 300 muertes. El pasado viernes una andanada de misiles impactó la estación ferroviaria de Kramatorsk, ciudad en la provincia ucraniana de Donetsk, que, junto con la de Luhansk y otras partes de la región de Dombás, al este de Ucrania, Rusia intenta anexarse. Era una de las pocas vías para huir de la nueva ofensiva que prepara Moscú en la zona. Ya han sido contabilizados 50 civiles muertos, entre ellos, cinco niños.
La concentración de fuerzas militares invasoras en esta parte del territorio ucraniano se da luego de que, al fracasar en su intento por tomar Kiev, la capital, Putin ordenara el retiro de las tropas que la rodeaban. La secuela de ese retiro ha revelado atrocidades que marcan un nuevo estadio de barbarie rusa, no tanto por el número de personas no beligerantes que perdieron su vida, sino por la forma en que, deliberadamente, fueron asesinadas a mansalva, una a una o en pequeños grupos, como si se tratara de un ajuste de cuentas mafioso.
Tras la liberación de Bucha, ciudad en la periferia capitalina, han aparecido los cadáveres de unos 400 civiles ejecutados fríamente, algunos con las manos atadas a la espalda. Una situación similar ha comenzado a revelarse en Borodianka, población cercana, y es muy probable que se detecten muchos otros casos.
Como ha sido la norma desde el comienzo, los voceros de Putin han negado toda responsabilidad oficial. En su lugar, para crear confusión, denuncian a las fuerzas ucranianas “nazificadas” como autoras de sus atrocidades. Este es el mensaje que ha prevalecido en Rusia, debido al control casi total de la comunicación que ejerce el régimen. Fuera de ella, sin embargo, la indignación ha sido generalizada.
El ejemplo más claro del repudio universal lo dio el jueves la Asamblea General de las Naciones Unidas al expulsar a Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos, al cual, por cierto, nunca debió ser elegida. Apenas 24 delegaciones votaron en contra, mientras 93 lo hicieron a favor, entre ellas, Costa Rica. El resto de los 193 miembros del órgano no asistieron o se abstuvieron. Es la segunda vez en la historia de la ONU que se toma una decisión como esta. El precedente es la expulsión de Libia durante las masacres desatadas por Muamar al Gadafi.
A lo anterior, cuya relevancia —nada desdeñable— es esencialmente simbólica, se une una nueva serie de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, Europa y otros aliados democráticos, y su determinación de proporcionar más y mejor armamento a los defensores ucranianos. A la vez, ha comenzado el lento y trabajoso proceso de documentar minuciosamente los crímenes de Moscú para, eventualmente, acusar a los responsables ante la Corte Penal Internacional y otras instancias posibles.
Nunca, desde el asesinato de miles de civiles musulmanes en Srebrenica, Bosnia, se habían producido en Europa atrocidades como las de Rusia en Ucrania. Son, además de deleznables, totalmente inaceptables. Y es bajo estos principios que la comunidad internacional debe responder.