El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ocupa un lugar de privilegio entre las explicaciones de casi 75 años de convivencia pacífica y progreso social en Costa Rica después de derramada la sangre en una guerra civil surgida, precisamente, de un enfrentamiento electoral.
Antes de la lucha fratricida, la denuncia de irregularidades era característica de los comicios nacionales. A partir de ese momento trágico, todas las fuerzas políticas convinieron reconocer y respetar el arbitraje del Tribunal. El mérito no es de un partido o facción, sino de todos los participantes en los comicios desde entonces. Los vencidos aceptan el resultado y se preparan para la próxima elección. Los vencedores ostentan el poder por un período predeterminado y luego deben someterse a un nuevo juicio de los electores.
Las escasas protestas aireadas después de asistir a las urnas no han sido producto de actuaciones del Tribunal, sino de los contendientes y hasta de la prensa, como fueron las llamadas campañas del miedo o los resultados de las encuestas poco antes del polémico referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. La conducción del proceso y el recuento de votos siempre han estado libres de sospecha y esa confianza se ha visto confirmada por los estudios poselectorales.
Pero la tendencia mundial a promover la desconfianza en los resultados electorales y la violencia política ya toca a nuestras puertas. En los Estados Unidos, el intento de desconocer el resultado de la votación en el 2020 causó una cruenta invasión de la sede legislativa. Poco después, Brasil sufrió un episodio similar, para hablar de dos grandes democracias del continente.
Nuestro país se ha librado de ese trago amargo, pero hay señales que nos permiten imaginarlo. La denuncia de María Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), durante la sesión solemne de cierre del proceso municipal, es motivo de preocupación para todos, sin distinción de banderas políticas.
Zamora manifestó que antes de una elección nunca fueron “objeto de una ofensiva digital de desinformación tan agresiva, llena de calumnias y discursos de odio, dirigidos contra las magistradas y los magistrados” del Tribunal, como ocurrió en las últimas semanas.
Algunos de esos ataques son claramente absurdos, como la campaña en las redes sociales para hacer creer que el salario de Zamora asciende a ¢32 millones mensuales, cuando en realidad es de ¢7,5 millones. A esa suma se le aplican las deducciones de ley. La mentira no ataca directamente la función electoral, pero se dirige claramente a erosionarla, presentando a la presidenta del TSE como partícipe de un abuso contra las finanzas públicas.
La información ambigua sobre la supuesta acogida de un reclamo contra el TSE por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la resolución sobre paridad de género en las papeletas, obligó a aclarar que solo hubo una petición de información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no de la Corte, y nada impedía celebrar los comicios.
Seguramente inspirados por las ridículas acusaciones de irregularidades mediante los sistemas de votación electrónica formuladas por aliados del expresidente Donald Trump en los Estados Unidos, en nuestro caso no faltaron divulgadores de la misma especie, aunque solo se ejecutó un limitado plan piloto cuyos partícipes manifestaron satisfacción con la experiencia.
“No nos apartaremos de nuestra misión de asegurar a los costarricenses procesos competitivos y regidos en los que en pie de igualdad pueden libremente escoger a sus representantes populares”, afirmó la magistrada. A todos nos corresponde contribuir al cumplimiento de esa misión, comenzando por comportarnos de forma responsable frente a la desinformación.