Costa Rica se ha distinguido por la atracción de inversión extranjera aun en tiempos difíciles, como ahora, cuando la incertidumbre fiscal, la competencia internacional y el entorno geopolítico y tecnológico crean una fuerte contracorriente. En el 2017, esas inversiones crearon 13.754 nuevos empleos. Buena parte del éxito se debe a la creación de un sistema de promoción envidiado por otros países y un elemento fundamental del sistema es la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), estrecha colaboradora del Ministerio de Comercio Exterior.
Las credenciales de seriedad y profesionalismo de Cinde no están en duda. Por eso, conviene escucharle cuando habla de la materia de su especialidad. Junto a la buena nueva sobre la cifra de empleos creados mediante la inversión extranjera, Cinde informó de la pérdida, en los últimos cinco años, de proyectos generadores de energía limpia valorados en $1.000 millones.
Con las divisas y la infraestructura se perdieron también centenares de empleos donde más falta hacen, fuera del área metropolitana, y una oportunidad de ofrecer energía más barata a industrias y hogares. Las empresas interesadas son chinas, estadounidenses, europeas, canadienses y hasta árabes, pero la ley impide al sector privado, nacional o extranjero, construir plantas con más de 50 megavatios (MW) de capacidad. Además, la suma de la producción de los generadores privados no puede superar el 15 % de la capacidad del sistema eléctrico nacional.
Fuera de esos estrechos márgenes, Costa Rica rechaza la inversión, no importa de dónde provenga. Los demás países más bien compiten por atraer esos capitales. Si el capital y los empleos sobraran, si las tarifas eléctricas no fueran tan caras, si el país estuviera al tope de la generación limpia, la limitación no sería tan absurda.
Jorge Sequeira, director de Cinde, pide una discusión nacional “serena, sin ideologías ni fanatismo” para decidir sobre la legislación vigente a la luz de nuevas tecnologías, capaces de abaratar la energía, así como la importancia de generar empleo no calificado y lograr tarifas competitivas.
Franco Arturo Pacheco, presidente de la Unión de Cámaras, insiste en “contar con un mercado eléctrico moderno, en competencia, donde existan actores con papeles definidos, con reglas claras y un marco normativo que brinde seguridad jurídica para las inversiones. México y Chile han tenido resultados positivos de la apertura energética, y de ellos se pueden extraer lecciones para adaptarlas a nuestra realidad”.
La inversión perdida directamente en el sector energético no es el mayor de los problemas. Si bien el país resulta atractivo para importantes inversiones, los expertos coinciden en señalar el obstáculo representado, en muchas ocasiones, por las altas tarifas eléctricas. La falta de competitividad en ese campo también nos cuesta inversión y empleo.
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Un informe divulgado en diciembre por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) comparó las tarifas de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y El Salvador con las de Costa Rica para concluir que estas últimas son las más caras. En el 2016, según Cepal, el precio promedio en Centroamérica de un kilovatio hora (kWh) fue de 13,48 centavos de dólar. En Costa Rica, fue de 18,47 centavos de dólar, un 37 % más en el caso del uso industrial.
Costa Rica es más atractiva para los inversionistas extranjeros por diversos motivos; no obstante, el precio de la energía no es uno de ellos, y si abren sus puertas en nuestro territorio es a pesar de ese factor.