La actual Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de legar al país una reforma indispensable para erradicar la constante amenaza de descalabro de las finanzas públicas. Sin equilibrio, no podremos abrir oportunidades de crecimiento a la economía, resolver los problemas sociales o enfrentar la colosal deuda acumulada a fuerza del gasto desenfrenado.
La reactivación económica no será posible sin el control de las tasas de interés, la inflación y el tipo de cambio, todos factores dependientes de la salud fiscal. A falta de dinamismo económico, no saldremos del desempleo, la pobreza y los daños causados por la pandemia.
Sin equilibrio fiscal tampoco lograremos preservar el gasto social, cuya calidad exige revisión, pero no su monto. La inversión nacional en programas sociales es alta. Podría tener mayor impacto si se eliminan filtraciones, duplicidades e ineficiencias, mas no es momento de reducirla. Las necesidades son suficientes para absorber los recursos aunque el aprovechamiento sea óptimo.
Cuando el presidente Carlos Alvarado afirma que la ley de empleo público aviva la esperanza de mayor justicia salarial en el Estado y entre el sector público y el privado, menciona solo una faceta del efecto de la reforma. La salud fiscal genera bienestar mediante el crecimiento de la economía y el alejamiento de la tentación de limitar el gasto donde es necesario.
La Sala Constitucional revisó por segunda vez el proyecto, ya con las enmiendas practicadas después del primer examen. La reforma solo necesita un debate más. En el primero, la aprobación se produjo con 36 votos a favor y 8 en contra. En el segundo y definitivo, los diputados tienen la oportunidad de manifestar, con toda contundencia, su compromiso con el cambio requerido para salir adelante.
Quizá la actual Asamblea Legislativa no consiga satisfacer todos los objetivos del convenio con el Fondo Monetario Internacional, pero habrá dejado clara la voluntad de reformar y habrá creado condiciones para concluir la tarea apenas comience la próxima administración.
Ya el ministro de Hacienda, Elian Villegas, ha señalado la reducción de la brecha de ingresos necesarios para lograr el equilibrio. Inicialmente, el gobierno se fijó la meta de aumentar los ingresos en un 1,17% del producto interno bruto (PIB), lo cual equivale a ¢450.000 millones. Sin embargo, la evolución de los ingresos, el control del gasto y el mejoramiento de las condiciones en el mercado permiten conseguir el equilibrio con un 0,7% del PIB, correspondiente a ¢267.000 millones.
Esos números cuentan con la aprobación de la ley de empleo público. Sin ella, la brecha solo puede disminuir mediante ingresos muy por encima del 0,7% del PIB o el recorte adicional de gastos. Ninguna administración celebrará comenzar con esa alternativa y tampoco con una crisis desencadenada por la inacción.
La Sala Constitucional declaró inevacuables dos de las tres consultas recibidas. En la tercera, hubo solo tres aspectos por examinar con detenimiento. Ojalá eso signifique menos complejidad de la redacción del fallo definitivo, sin el cual no podrá darse el segundo debate. La reforma siguió un largo camino, lleno de esfuerzo y sacrificio. Fue motivo de cierres de calles y puentes, confrontaciones violentas e intensos debates legislativos. Ocupó a la Corte Plena, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala Constitucional. Pasará por el plenario legislativo en tres ocasiones antes de llegar al escritorio del presidente Alvarado, quien, a juzgar por sus declaraciones, no tardará en estampar su firma. Es hora de cerrar este largo capítulo y consolidar los aportes del actual Congreso a la estabilidad fiscal.