Hay un tal “Papi”, de unos 42 años y vecino de Tres Ríos, dedicado a vivir de la prostitución. Ofrece drogas a los adictos y los pone a trabajar para él. Un periodista de La Nación obtuvo la información directamente del testimonio rendido por un joven explotado sexual. La Policía podría tener acceso a los mismos datos y otros más, propios de los fines de su labor investigativa.
En las calles de la capital y otras ciudades, las noches se pueblan de jóvenes de ambos sexos, muchos de ellos menores de edad y casi todos representados o “protegidos” por un proxeneta cuya captura y enjuiciamiento es indispensable para combatir el sórdido negocio. Lo mismo se puede decir de los clientes, muchos de ellos habituales. Lucrar con la prostitución ajena y tener relaciones con menores son delitos castigados con prisión, pero pocos de sus perpetradores son llevados ante la justicia. La tarea policial está pendiente.
Más difícil resulta diseñar políticas para atender a los menores dedicados a la prostitución. La Sala Constitucional ordenó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) abrir albergues para alojarlos e intentar darles rehabilitación, pero Ana Teresa León, directora de la entidad, cuestiona la conveniencia de hacerlo. Organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos aconsejan en contra, dice la funcionaria, porque el internamiento en ese tipo de albergues es una modalidad de institucionalización con problemas muy similares a los de las prisiones.
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La estigmatización y el aprendizaje de conductas aún más negativas y peligrosas son inevitables en centros dedicados a albergar a la población explotada. Por otra parte, los propios jóvenes se resisten a recibir atención porque la prostitución les produce ingresos y satisface sus adicciones.
El PANI propone un programa de “hogares solidarios”, dispuestos a albergar a jóvenes prostitutos para sacarlos de las calles y mostrarles otros caminos, pero, como es de esperar, esas oportunidades escasean pese a los incentivos económicos ofrecidos (¢100.000 mensuales y más si el joven albergado sufre alguna discapacidad).
“Es una solución comunal”, dice la directora del PANI. El problema es que no se materializa y hay chiquillos hasta de ocho años librados a su suerte en las calles. Están expuestos a todo tipo de violencia de los proxenetas, los clientes y de otros prostitutos celosos de mantener la exclusividad sobre su zona o esquina. También son víctimas frecuentes del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y lo propagan entre quienes requieren de sus servicios.
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Las historias relatadas en nuestro reportaje del domingo son desgarradoras. Por boca de los propios prostitutos, el lector se entera de sus inicios en el negocio a la edad de 13 años, en un caso. El joven hoy cuenta con 17 y se inyecta hormonas para tener apariencia femenina. Se ayuda con cosméticos y no le faltan clientes. Cada noche, sube a varios carros que se detienen para recogerlo a vista y paciencia de los demás transeúntes.
Las inmediaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en barrio Amón, y las proximidades de la escuela García Flamenco, en el centro de la capital, están entre los cotidianos escenarios de esos encuentros. Hay muchos otros, bien conocidos por quienes se ven obligados a pasar cerca.
No hace mucho, una serie de reportajes sobre turismo sexual manchó la imagen del país en el mundo. Rápidamente, Costa Rica respondió con una campaña para advertir a los extranjeros del peligro de visitarnos con esas intenciones. La posibilidad de ir por largo tiempo a la cárcel por tener relaciones con menores figuraba, prominente, entre las advertencias. Desafortunadamente, la posibilidad es muy remota y otras soluciones parecen estar igualmente lejanas. Es tiempo de intensificar los esfuerzos para contar con una estrategia.