La inclusión de Costa Rica en la lista europea de países no cooperantes en materia fiscal golpea al prestigio nacional y podría tener serias consecuencias económicas. La permanencia en la lista puede afectar la inversión extranjera, entorpecer el comercio y excluir al país de los fondos destinados a la cooperación internacional.
Por eso es difícil entender que el gobierno entorpezca la aprobación del texto porque reformaría el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para aclarar que no se cobrará impuestos a empresas y personas por ganancias logradas en el exterior, aunque las generen con dinero obtenido en el territorio nacional. En otras palabras, se aclara el apego del país a la renta territorial, vigente desde hace décadas.
La Unión Europea no exige lo contrario para excluir al país de la lista de no cooperantes. Ese es el objetivo inmediato y la Asamblea Legislativa ha venido trabajando un texto propuesto por la Unidad Social Cristiana con ese propósito. Ahora, el Poder Ejecutivo anuncia su intención de vetar la ley si contiene la aclaración descrita.
En suma, el buen nombre del país, la inversión extranjera, el comercio internacional y la participación en los fondos europeos de cooperación internacional son rehenes de la creación de mayores ingresos para unas arcas estatales cuyos administradores no se han cansado de calificar como saludables, mientras procuran desmantelar la regla fiscal con la exclusión del pago de intereses y el gasto de capital.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, tiene plena conciencia de las consecuencias y, en su momento, agregó la posibilidad de que los integrantes de la Unión Europea recurran a otras medidas fiscales, tales como no reconocer a sus empresas deducciones por gastos incurridos en Costa Rica, practicar auditorías reforzadas y aumentar la cantidad de información exigida a sus contribuyentes.
Ahora, el propio Acosta anuncia el veto si el Congreso resuelve el problema mediante la aprobación del proyecto de ley impulsado por la Unidad, con amplio apoyo de otras fracciones y de organizaciones de la sociedad civil, como las cámaras empresariales reunidas en la Uccaep.
Los europeos critican la inexistencia de un impuesto a las ganancias obtenidas en el exterior por las inversiones pasivas, es decir, los ingresos generados sin participación activa del inversionista, como en el caso de los títulos valores. A falta del gravamen, esas rentas no pagan impuestos en ninguna parte, lo cual acerca a Costa Rica a la condición de paraíso fiscal. Además, objetan la definición de contribuyente en la legislación nacional cuando dice: “Se entiende por establecimiento permanente cualquier sitio o lugar fijo de negocios en el que se desarrolle total o parcialmente la actividad esencial de la persona no domiciliada”. Los europeos objetan la palabra “esencial”.
Eso es todo. El ministro Acosta conoce los riesgos desde mayo del 2022, pero nunca advirtió al Congreso ni presentó un proyecto de ley. Hacienda informó a los diputados cinco días antes del anuncio europeo, cuando la inclusión en la lista era inevitable. Ante tanta pasividad, la fracción socialcristiana se apuró a encontrar una solución y, cuando la tuvo avanzada, el gobierno decidió condicionarla a la eliminación de la aclaración del artículo 1 para consolidar el apego a la renta territorial.
Los diputados rechazan esa pretensión y redoblan esfuerzos para aprobar el proyecto este jueves, en segundo debate. Si el gobierno interpone el veto, los congresistas se verán obligados a apresurarse para reunir 38 votos y tramitar un resello, pues la Unión Europea evaluará el cumplimiento el 15 de setiembre. Si la gestión fracasa, no cabrá duda de la responsabilidad del presidente de la República y su ministro de Hacienda. El primero recibió la advertencia de la Unión Europea sobre la inclusión del país en la lista negra el 7 de enero del 2020, cuando ejercía el cargo de ministro de Hacienda. Nada hizo al respecto. Ahora, ambos deberían dejar hacer.