La mejora de la carretera San José-San Ramón y la red vial adyacente se ha convertido en un caso digno de estudio por la gran cantidad de errores cometidos que, en la práctica, se traducen en una penosa dilatación del inicio de las obras. El último error tiene que ver con el proceso aplicado por los miembros del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para tomar importantes decisiones.
Como informamos el miércoles ( “Zapote presionó al Conavi para cambiar contrato de vía” ) algunos miembros del Consejo aceptaron reformas al fideicomiso Conavi-MOPT-BCR, “a pesar de que quedan múltiples asuntos (…) pendientes de resolver”, según dijo uno de ellos. “No existen estudios técnicos que justifiquen los cambios solicitados por el BCR y tampoco hay un análisis sobre la razonabilidad de los honorarios cotizados por el Banco para administrar el proyecto”, añadió el directivo.
Otro miembro del Conavi, delegado de las municipalidades, afirmó: “Viendo la posición radical del Banco (BCR) de retirarse del proyecto en caso de no contar con la venia del Consejo, obligan a esta representación a cumplir con las labores encomendadas a (su) puesto (…) y votar afirmativamente dicha adenda”. Por su parte, el representante de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica dijo que no se puede “dejar que esto (el fideicomiso con el BCR) se caiga”.
El Banco de Costa Rica propuso, entre otras cosas, modificar el acuerdo original del fideicomiso para el cual fue seleccionado como fiduciario, a efecto de que los honorarios por el manejo de la operación fueran superiores a los que cotizó durante el proceso de licitación. Sin embargo, la renegociación de costos una vez adjudicada una licitación no procede porque esa práctica (que internacionalmente es conocida como lowballing ) estimula a cotizar montos bajos para ganar la licitación y luego negociar directamente sumas más elevadas. El lowballing es malo no solo porque produce cotizaciones irresponsables, sino porque se presta para la corrupción. Además, no permite disfrutar las enormes ventajas que las licitaciones competitivas de obras públicas ofrecen a la sociedad.
Es cierto que por impericia del gobierno la mejora de la carretera San José-San Ramón se ha atrasado más, mucho más de lo razonable, pero como un error no enmienda otro error, esa no debe ser excusa para violentar las buenas prácticas de decisión y contratación. Lo expuesto muestra que algunos miembros del Conavi votan aun en contra de sus convicciones. ¿Qué confianza, entonces, puede depositar la sociedad en ellos?
Al igual que con la enorme “pifia” en el diseño de la pequeña vía hacia el megapuerto de Limón dado en concesión a APM Terminals, lo descrito nos deja una amarga sensación de desencanto respecto a la calidad técnica del Conavi, el MOPT y el Consejo Nacional de Concesiones. Pareciera que se trata de cargos que no se llenan en reconocimiento a las capacidades técnicas de las personas, sino como parte de un botín político. Si a esto sumamos la elevada rotación de personal en esas dependencias, solo es posible concluir que las contrataciones de obra pública por parte del Estado constituyen un proceso sin pericia y sin memoria.
En materia de infraestructura pública el país difícilmente podrá avanzar a la velocidad requerida por la sociedad y por la economía, inmersa en un proceso de globalización que la obliga a competir con muchos otros países del orbe, mientras el componente humano de la contrapartida estatal en esta vital área no tome en serio sus compromisos con los representados.