Las zonas francas se han convertido en símbolos controversiales de nuestro modelo de desarrollo. Para la izquierda, representan odiosos ejemplos de privilegio que deben desfasarse. Para la derecha, son bastiones de inversión y generadores de empleo que deben defender a toda costa. Para los liberales, la solución está en el medio.
Las zonas francas fueron creadas como regímenes donde las empresas, principalmente foráneas, no pagan impuestos siempre y cuando al menos la mitad de su producción sea para la exportación. Actualmente ahí se encuentra el 31% de la inversión extranjera, se genera el 51% de las exportaciones de bienes y trabajan aproximadamente 80.000 personas.
En el 2010 se modificó la ley para empezar a cobrarles gradualmente el impuesto de renta, hasta llegar a una tasa preferencial del 15%. Además, se les sigue eximiendo del cobro de aranceles y otros tributos.
Ahí está el meollo del asunto: mientras a las empresas ubicadas en zonas francas se les ofrecen todo tipo de facilidades y exenciones, el empresariado nacional debe soportar un implacable viacrucis tributario y regulatorio. Según el índice haciendo negocios, del Banco Mundial, un empresario promedio costarricense paga una carga impositiva total sobre sus ganancias del 58%, más alta que el promedio de los países desarrollados e incluso superior al latinoamericano.
Al respecto, un estudio de economistas de la Universidad París-Dauphine encontró que las zonas francas a veces les brindan a los países una excusa para mantener barreras proteccionistas alrededor del resto de la economía. ¿La razón? Estos regímenes les permiten a los Gobiernos aparentar ser aperturistas sin tener que apostarle a una verdadera liberalización de todo el país.
Ese parece ser el caso de Costa Rica. Nuestros políticos se precian de la cantidad de empleo e inversión que generan las zonas francas, pero se rehúsan a contemplar extender sus beneficios al resto del territorio.
Por supuesto, la solución no radica en eliminar las zonas francas, sino en hacer de toda Costa Rica una zona económica especial, con bajos impuestos. En eso lleva la razón un editorial reciente de la revista The Economist que afirmó que estos regímenes “son siempre inferiores a las reformas nacionales que reducen las barreras al comercio e impulsan la competitividad. Los países que del todo no necesitan estas zonas son los verdaderamente especiales”. Seamos especiales haciendo innecesarias las zonas francas.
(*) Juan Carlos Hidalgo es analista sobre América Latina en el Cato Institute con sede en Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y una maestría en Comercio y Política Pública Internacional del George Mason University.