El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) publicó el informe del cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo correspondiente al 2023. En el sector social, a una de las metas se le llamó Puntos porcentuales de hogares en pobreza atendidos mediante transferencias estatales según la Enaho, y el responsable de reportarlo es el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) con datos de la Encuesta nacional de hogares (Enaho) del INEC.
El informe no incluyó datos para esta meta en el 2023, solo señaló: “Según el IMAS, se identificó como riesgo la imprecisión de datos, pues la Enaho es una encuesta que se realiza con datos derivados de un muestreo probabilístico de viviendas en todo el país, por lo que no se puede determinar su representatividad a nivel nacional y regional”.
Sin embargo, esta justificación no es válida por dos motivos. Primero, porque menciona la palabra “imprecisión” en un sentido negativo y que confunde la raíz del problema.
La estadística es la ciencia que nos permite lidiar con la incertidumbre y reducirla al mínimo posible para poder analizar la realidad. En ese sentido, la Enaho es altamente precisa, ya que se visitan presencialmente más de 13.000 viviendas y se obtiene información de más de 30.000 individuos, cuyo margen de error es tan bajo que nos posibilita saber que la pobreza en el 2023 fue del 21,8 %, pero en un intervalo tan preciso que la ubica entre el 20,9 y el 22,7 %.
Segundo, es en el diseño del indicador donde radican los errores técnicos, y estos no pueden ser atribuidos a la fuente de información, sino a una deficiente planificación, responsabilidad tanto del IMAS como del Ministerio de Planificación.
Aunque no se previó así, utilizar datos del Sinirube debería ser sencillo para el IMAS, y contribuiría a tener un panorama más claro del estado de las transferencias estatales.
No obstante, a casi dos años de gobierno, resulta inaceptable la decisión de no reportar datos sobre el impacto de la inversión social, justo cuando el Poder Ejecutivo enfrenta fuertes críticas por la reducción del presupuesto a los programas sociales, algo que el indicador descartado debía medir.
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El autor es economista.