Sindicalistas criollos, atados ideológicamente al PAC y al FA, celebraron efusivamente el referendo convocado en Grecia por Alexis Tsipras, socialista radical, como si, súbitamente, se hubiera producido un vuelco radical en las exigencias de austeridad. Yo no soy tan optimista. Podría resultar una victoria pírrica.
El referendo tiene carácter vinculante para las autoridades griegas, pero no puede obligar a entidades supranacionales ni organismos internacionales, que todavía pueden enseñar sus dientes. Tsipras, en cambio, está legalmente amarrado. No podrá llegar a acuerdos contrarios al referendo, a menos que se pase el derecho por el revés.
La UE se encuentra ahora en una situación ambivalente, sabe perfectamente que las autoridades griegas no son de fiar (han incumplido muchas veces), pero les deben tanto que abandonarlos a su suerte conllevaría la cesación de pagos y pérdida grande para todos, incluidos el BCE y el FMI.
Al mismo tiempo, sabe que mostrar una posición muy débil rompería las reglas fiscales del acuerdo de Maastricht y les mostraría el camino del incumplimiento a España, Italia y Portugal, que también han reclamado mejor trato. Algo tendrán que ceder, pero también exigirán sacrificios.
Lo irónico es que los griegos votaron por abortar la austeridad y, sin embargo, tendrán que tragarse buena parte de esa amarga medicina. Ningún Gobierno con una economía tan asfixiada, sujeta a la volatilidad de las bolsas y mercados financieros, está en posición de imponer condiciones. Tendrá que acceder a (casi) todas las condiciones rechazadas originalmente, incluido un superávit primario suficiente para pagar la deuda, recortar pensiones y apuntalar reformas estructurales, como ampliar la base imponible del IVA y flexibilizar las leyes laborales para mejorar el empleo y la productividad. Sin ajustes no hay paraíso. Aunque la UE suavice su posición, no le dará un boleto gratis.
Si griegos y acreedores insisten en mantener el euro como moneda común, habrán desaprovechado una oportunidad de enderezar el rumbo. Renunciar a la opción de devaluar en una situación desesperada es un alto precio por pagar. Equivaldría a decir no a restablecer la competitividad de la producción nacional y las exportaciones, incluido el turismo, estancar salarios y sacrificar empleos a un costo social mayor.
No devaluar en un país tan endeudado –en un monto superior al 177% del PIB– exige mantener la repudiada austeridad por muchos años. Y, al final, quizás tengan que abandonar el euro para subsistir. Victoria pírrica.
Jorge Guardia es abogado y economista. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es, además, profesor de Economía y Derecho económico en la Universidad de Costa Rica.