Un país como el nuestro bien podría aprovechar las grandes oportunidades si todos nos ponemos de acuerdo en cuestiones prioritarias a corto y largo plazo.
Un plan de acción bien estructurado con el objetivo de brindar bienestar a la totalidad de la población debe sostenerse más allá de los cuatro años de un gobierno.
A los costarricenses nos está resultando imposible alcanzar el desarrollo sostenible porque algunos líderes echan la culpa de todo lo malo a los demás, lo cual tiene como consecuencia la polarización de la sociedad y la pérdida de la fe en los políticos, lo cual es notorio en una gran parte de la población.
Lo más sensato, si convenimos en que uno de los propósitos de la democracia es fomentar el pluralismo, es unir y respetar las divergencias.
Un buen líder político tiene como primera tarea tender puentes y negociar. Hay que aprender a escuchar, y no creernos dueños de la verdad.
La otra tarea del líder político es dejar de alimentar el resentimiento social. Su trabajo es buscar soluciones en conjunto y aprender a ceder en ciertas circunstancias.
Para avanzar, el país requiere que el líder posea amplio conocimiento y un criterio que infunda confianza a su equipo de colaboradores y dirija con autoridad y no con autoritarismo.
De hecho, la autoridad se gana si hay diálogo, la imposición da al traste con todo proyecto político. El camino costarricense se recorre con los tres poderes de la mano, cuyas obligaciones y potestades están bien definidas en la Constitución Política.
Vivimos en un Estado de derecho. Los éxitos del pasado implicaron mucho diálogo. Hubo desacuerdos, pero siempre imperó el bien mayor sobre los intereses particulares.
Fundamentos sólidos. Lo importante hoy es colocar las bases para la estabilidad económica y social, para afrontar los retos que tenemos por delante, no solo en el campo económico, sino también en el social, ambiental, tecnológico, educativo, sanitario y de infraestructura.
Sin estabilidad, la gente no invierte y, por ende, pierde la confianza. De ahí la relevancia de que las políticas fiscales (ingresos y egresos), monetarias (oferta monetaria y tasas de interés) y estructurales para incrementar la competitividad estén alineadas.
También, el país precisa flexibilidad y capacidad para adaptarnos a los cambios inesperados y los desafíos que surgen en varios frentes, tales como el económico, político, climático y ahora la necesidad de ser innovadores.
Es necesario que los recursos públicos se administren con responsabilidad, en el marco de las leyes y las normas base de toda gestión pública. Los servicios que prestan instituciones y empresas estatales deberían ser ejemplo de equidad y eficiencia.
Problemas crónicos. La corrupción, las drogas y la violencia repercuten en el empleo, la seguridad, la confianza, la inversión, la convivencia y la paz. Son flagelos que socavan los cimientos de la sociedad y, por tanto, nuestra bicentenaria democracia.
La desigualdad sigue ampliándose. Sería utópico pensar en una igualdad total. Siempre habrá unos en mejor posición que otros, pero el objetivo de la Administración Pública debe ser acortar las brechas.
La desigualdad en las oportunidades limita a los hogares más vulnerables. La deserción educativa temprana es uno de los grandes nutrientes de la disparidad y una condena a la pobreza.
Descomposición moral. Hay muchos problemas que debemos resolver como sociedad, pero sobre todo debemos fomentar los valores éticos, en especial, en el sector público.
En las elecciones municipales y presidenciales, los ciudadanos debemos ser muy estrictos y analizar con cuidado a los aspirantes a dirigir nuestros destinos.
No podemos seguir guiándonos por las ofertas políticas populistas. Debemos escoger a los más probos. Más que nunca, la gente debe ser sumamente analítica antes de decidir a las personas que van a elegir. Fijarse en la experiencia, ideas, habilidades blandas, honestidad, coherencia, conocimiento, visión, innovación y compromiso.
Un buen entorno económico, político, ambiental y social genera estabilidad y la posibilidad de planificar a largo plazo. Es decepcionante el problema de gobernabilidad y la ausencia de diálogo respetuoso, donde se debatan las ideas con el fin de operar los cambios que requerimos en cuanto al tamaño del sector público, su campo de acción, su medición y estructuración.
Tenemos que lograr que los recursos públicos se manejen con responsabilidad, sin pasar por alto las leyes y las normas de toda gestión pública.
Los servicios públicos deben ser modelo de equidad y eficiencia. No habrá progreso económico y social sin valores éticos. Para que las políticas públicas sean creíbles y eficaces, tanto el sector público como el privado deberían distinguirse por la integridad.
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El autor es ingeniero.