La reforma tributaria, cuya aprobación por la Asamblea Legislativa podría darse pronto, si bien indispensable, es insuficiente para atender debidamente el problema fiscal. Ello obliga a que, una vez superada esta etapa, el país deba abocarse a atacar las verdaderas causas del déficit y a poner en marcha medidas para reactivar la economía. A pesar del desánimo que prevalece, existen algunas condiciones para ser optimistas:
1. El gobierno sabe que los impuestos no son la solución. La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ha reconocido que el incremento de impuestos debe ser complementando con una reforma al régimen de empleo público y una racionalización del Estado, lo cual incluye el cierre de algunas instituciones y la venta de algunos activos. Esta posición oficialista, al provenir de un gobierno del PAC —antes tan reticente a estos cambios—, es doblemente valiosa.
2. El PLN, principal partido de oposición, ha demostrado con hechos su compromiso con el saneamiento de las finanzas públicas de manera consistente con lo que pregonó cuando fue gobierno y durante las últimas campañas electorales: abiertamente ha apoyado el plan de impuestos, pero ha insistido también en la necesidad de una reforma en el empleo público y del Estado. Otros partidos también lo han hecho.
3. El debilitamiento de los sindicatos. El fracaso de la huelga contra el “combo fiscal”, el disgusto popular que produjo y el tremendo desgaste sufrido por Albino Vargas como responsable del movimiento, ha desprestigiado al movimiento sindical, puesto en cuestionamiento su liderazgo tradicional y evidenciado la necesidad de una renovación de su dirigencia y sus métodos. Esta coyuntura abre la puerta a posiciones más sensatas y a eventuales puntos de encuentro con este sector.
4. Con ocasión de la discusión fiscal, los medios más influyentes han tenido un papel serio y activo, más allá de su línea editorial, al evidenciar y explicar el trasfondo del problema, las consecuencias de la inacción y lo que se esconde detrás de muchas posiciones. Ese trabajo ha hecho posible que la opinión pública entienda mejor los entretelones y esté un poco más dispuesta a aceptar algunos sacrificios a cambio, eso sí, de que se tomen medidas de verdad en contra de los abusos, privilegios y desperdicio de recursos.
Acciones. Lo anterior ha permitido que la Asamblea Legislativa se haya atrevido a actuar en campos hasta hace poco considerados anatemas. Los recortes presupuestarios al FEES y la urgencia de una debida supervisión de ese fondo, la propuesta de reforma al tratamiento de las huelgas ilegales en servicios esenciales, la intención de gravar los excedentes de las cooperativas y derogar la ley de enganche médico, son claros ejemplos de ello. Estos son atisbos de lo mucho que se podría hacer en las actuales circunstancias.
No debe renunciarse, entonces, a acuerdos más amplios que permitan avanzar en una agenda vigorosa de reformas por tanto tiempo postergadas, que incluya redirigir los fondos para la educación, la unificación de los regímenes de pensiones, la modernización del régimen de seguridad social, la regulación de las convenciones colectivas en el sector público, la clausura de instituciones obsoletas y la refundición de otras, la promoción activa de la competencia interna y externa, y la puesta en operación de un plan ambicioso de concesión de obra pública y de transporte público, entre otras.
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No es que vaya a ser fácil, pero si el gobierno decide asumir el reto con liderazgo, la oposición —y en particular el PLN— ponen su mirada a largo plazo y la prensa más seria continuara asumiendo ese papel esclarecedor, no es imposible que el esfuerzo de estos meses no se quede solo en la aprobación de un paquete fiscal, sino que también se logren transformaciones sustanciales y se manden señales positivas al sector productivo, a fin de que este se atreva a invertir, producir y generar más empleo.
El autor es abogado.