La presentación de la candidatura de doña Elizabeth Odio Benito al cargo de jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un acierto del Ministro de Relaciones Exteriores. La exjueza de la Corte Penal Internacional es respetada, por su conocimiento y trayectoria, más allá de nuestras fronteras.
Es difícil pensar en una mejor candidata y su postulación demuestra la voluntad del Gobierno de ganar un asiento en los más altos estrados continentales. La Corte Interamericana debe ser fortalecida y nuestro país, siempre comprometido con el respeto a los derechos humanos, tiene la grata obligación de hacerse presente para impulsar el proceso.
La Corte y, también, la Comisión Interamericana se han convertido en escenario de lucha entre los sistemas políticos en pugna a lo largo y ancho del Continente. No cesan los intentos de impulsar la elección de jueces y comisionados obsecuentes, seleccionados por su identificación con las prácticas de los Gobiernos que los proponen y no por su compromiso con los derechos humanos.
La demostrada rectitud de Elizabeth Odio en la judicatura excluye cualquier posibilidad de obsecuencia. Su compromiso, como el de Costa Rica, es con el derecho. Lo ha demostrado a lo largo de su carrera, como lo ha hecho el país con su sometimiento, sin reservas, a los fallos de la Corte, en varias ocasiones condenatorios.
Al buen pagador no le duelen prendas y Costa Rica puede permitirse lo que para otros es un lujo: proponer candidaturas de juristas sin ataduras, cuyos fallos podrán ser compartidos o criticados, pero nunca por sospecha de influencias indebidas. La propuesta es consistente con el distinguido desempeño de nuestra Cancillería durante la reciente asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Paraguay.
Esa reunión puso en juego la solidez del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y, en particular, la subsistencia de la Relatoría creada para vigilar el respeto a la libertad de expresión. Una ponencia costarricense ayudó a superar el trance para preservar los importantes avances conseguidos hasta la fecha por la justicia internacional.
Pero las instituciones son tan buenas como las personas elegidas para integrarlas. Por eso, la candidatura de doña Elizabeth debe verse como una nueva contribución de nuestro país al Sistema Interamericano. La Cancillería hará bien si pone todo su empeño para asegurar la elección.