Fundamedios, una entidad dedicada a vigilar el respeto a la libertad de expresión en Ecuador, está a punto de la disolución. La organización es quizá el último bastión para la defensa de ese derecho, pilar del Estado democrático, en un país que ha sido testigo del cierre masivo de medios independientes desde el arribo al poder del presidente Rafael Correa en el 2007.
Los informes de Fundamedios sobre la censura y represión desatadas contra la prensa ecuatoriana eran constantes. Circulaban por todo el mundo, mediante Internet, y ya resultaban intolerables para el autoritarismo de Correa, que dispone de una de las legislaciones más restrictivas de la libertad en el continente.
La Secretaría de Comunicaciones es el órgano encargado de silenciar a los medios críticos del régimen y el 8 de setiembre puso a Fundamedios en la mira. Una ley ecuatoriana prohíbe a las organizaciones de la sociedad civil inmiscuirse en actividades políticas partidarias. Fundamedios, dicen las autoridades, violó la norma al publicar vínculos a artículos críticos de Correa en su cuenta de Twitter.
La maraña de leyes y regulaciones creada por Correa, siempre con invocación de las mejores causas, es una trampa lista para cerrarse sobre los disidentes, apenas el gobierno lo estime conveniente. Su aplicación depende, además, de amplísimas y obsecuentes interpretaciones judiciales y administrativas.
En este caso, los vínculos en la cuenta de Twitter constituyen prueba de militancia política y bastan para iniciar la gestión de cierre. La medida puede ser apelada, para mayor escarnio de la legalidad bien concebida, ante la propia Secretaría de Comunicaciones, autora del atropello.
Cuando no se trata de una organización de la sociedad civil, sino de un medio de comunicación propiamente dicho, la normativa es igualmente útil para acallar la crítica. Dos días después del anuncio del procedimiento abierto contra Fundamedios, los periódicos La Hora y Expreso fueron sancionados por publicar un anuncio donde la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos protestaba por la aplicación de las leyes de comunicación aprobadas en el 2013.
La lección es para todos. Los países celosos de sus libertades deben estar siempre en guardia ante los intentos de regular la libertad de expresión, en especial porque sus proponentes suelen disfrazarlos de nobles motivos, como la protección de la “veracidad” y la “democratización” de las informaciones.