Se llamaban Ernesto, Jorge, Sergio, Andrés y Kevin… Estadounidenses, los cuatro primeros, y costarricense, el último, ellos fueron las víctimas de una imprudencia que tiñó de tragedia las turbias aguas del río Naranjo, en Quepos.
El acholatado torrente corría desbocado. Remolinos con piedras, troncos, barro y quién sabe qué otras cosas serpenteaban frenéticamente formando espuma y espirales. La lluvia pintaba de gris el cielo y el viento soplaba con fuerza.
A pesar de tantas condiciones adversas, una empresa de rafting permitió a 14 turistas estadounidenses lanzarse a una aventura de altísimo riesgo. Entre ellos iban Ernesto, Jorge, Sergio y Andrés. Kevin era uno de sus guías.
Osadías similares podrían haber ocurrido otras veces sin que pasara nada. Eso solo lo saben los operadores y sus clientes porque esta actividad se desarrolla en sitios remotos donde la supervisión suele ser escasa, o nula.
Sin embargo, en esta ocasión, todo se salió de control. Al volcarse las tres balsas en que viajaban los excursionistas, se ahogaron los planes del grupo de amigos que vino a Costa Rica a celebrar una despedida de soltero.
La madre de uno de los sobrevivientes culpa, con justificada razón, al gobierno por el accidente que se difundió a la velocidad de un clic por todo el mundo y que vuelve a poner en entredicho si somos un destino seguro.
Es indudable que el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) deben evaluar a conciencia las condiciones en que se desarrolla nuestro turismo de aventura.
Dichas entidades integran una comisión creada para regular la actividad. Sin embargo, tienen tres meses sin reunirse porque no han nombrado sus nuevos representantes. Entonces, ¿quién supervisa a los tour operadores?
Según la legislación, la responsabilidad primaria de control es del Ministerio de Salud. Pero ¿cuenta esa cartera con personal, conocimiento y recursos para cumplir una tarea tan alejada de su objetivo fundamental?
Las circunstancias invitan a evaluar cambios urgentes en la ley.
Este accidente representa también un durísimo golpe para la imagen del país del “pura” vida que percibe unos $3.000 millones anuales por el ingreso de visitantes y que aspira a recibir 4 millones de viajeros al año para el 2021.
Inevitable es recordar el accidente ocurrido hace solo 10 meses cuando un avión de Nature Air se estrelló en Bejuco de Nandayure, Guanacaste, y 10 turistas estadounidenses y 2 pilotos costarricenses fallecieron.
En aquella ocasión, medios de Estados Unidos publicaron artículos donde cuestionaron la seguridad de los vuelos locales en el país, mientras tanto, el sector turístico temía que esa publicidad negativa contrajera las reservaciones.
Una preocupación similar surgió, en agosto pasado, cuando la prensa internacional registró los asesinatos de una visitante española en Tortuguero de Pococí, Limón, y de una mexicana en Santa Teresa de Cóbano, en Puntarenas.
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Salir corriendo a lanzar multimillonarias campañas en el extranjero cada vez que ocurre un incidente solo le pone una curita al problema de fondo.
Todos estos lamentables eventos son una rotunda llamada de atención al país para que revise a fondo la calidad y la seguridad del turismo de aventura y para que mejore los controles sobre quienes prestan estos servicios.
Ernesto, Jorge, Sergio, Andrés y Kevin habrían agradecido en vida cualquier esfuerzo en ese sentido.
rmatute@nacion.com
Ronald Matute es jefe de Información en La Nación.