La pretensión de trasladar al presupuesto nacional parte del costo del régimen de pensiones del Poder Judicial es desvergonzada. Significa extraer de los bolsillos del pueblo una parte todavía mayor de los caros privilegios concedidos a un selecto grupo de funcionarios públicos.
Indigna ver los argumentos de justicia social esgrimidos para justificar los excesos. Los defensores (y casi sin excepción, beneficiarios) del gasto desmedido en privilegios fingen creer en ilimitadas posibilidades de expansión de la carga tributaria. Así, los ricos pagarán los lujos de la sacrificada burocracia estatal. Esas fantasías son, más bien, una mentira. El peso del privilegio burocrático se mantendrá, en forma desproporcionada, sobre los hombros de los pobres.
Si la carga tributaria pudiera aumentar mucho más, sería inaceptable invertir los recursos frescos en financiar añejos privilegios. Hay necesidades nacionales mucho más urgentes que mantener la pensión judicial promedio en ¢768.000, cuando los afiliados al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social apenas cobran ¢269.000.
En última instancia, el nuevo fardo tributario depositado en hombros de grupos adinerados pesará menos, en términos relativos, que los costos de la indisciplina fiscal trasladados a los menos privilegiados. Sea en forma de impuestos directos o indirectos, de desempleo o de la cruel exacción llamada “inflación” por los economistas, los efectos del gasto público se ensañan con quienes menos tienen.
Habría jurado que al presupuesto nacional no le sobran los ¢1,3 millones de millones, es decir, billones, necesarios para “rescatar”, por ahora, las pensiones del Poder Judicial. El Ministerio de Hacienda está igualmente sorprendido y opuesto a canalizar esos fondos hacia el mantenimiento de la desigualdad estatutaria, en algún momento creada para satisfacción de la Corte.
Si el dinero aparece, sería mejor dedicarlo a cerrar la brecha fiscal. Si de todas formas decidimos gastarlo en pensiones, es mucho más justo, y prioritario, utilizarlo para “rescatar” al IVM, cuyos beneficios irán a la baja según aumentan las cotizaciones y la edad de jubilación. Ese empobrecimiento lo sufriremos más de 265.000 personas, no los 3.600 pensionados de la Corte, pero ellos tienen mejores probabilidades de imponer sus pretensiones. Están organizados y tienen galillo. La inmensa mayoría, no.
Armando González es director de La Nación.