La fracción socialcristiana pide al Ejecutivo convocar en sesiones extraordinarias ocho proyectos relacionados con la reactivación económica. Uno de ellos, ya dictaminado en la legislatura anterior, procura aliviar las cargas depositadas por la seguridad social en hombros de los trabajadores independientes.
El proyecto establecería la prescripción de las deudas en cuatro años, aclararía la definición de la base imponible y ampliaría la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para incluir a dos representantes de los trabajadores independientes. Esta última medida encaja perfectamente en la lógica aplicada a la organización del Estado costarricense, pero también apunta a la necesidad de reconsiderarla.
En todos los rincones del aparato estatal hay grupos de interés representados. Están ahí para defender las pretensiones de sus miembros y también para involucrarlos en la gestión, sin derecho a reclamo. La desventaja de esa organización corporativa es el desplazamiento del criterio técnico a un segundo plano.
Un buen ejemplo fue la mesa de diálogo nombrada por la administración Solís para estudiar las finanzas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Representantes empresariales y sindicales conversaron durante largas jornadas para conseguir un consenso que dejó los problemas prácticamente intactos, pero no afectó los intereses de unos y otros. En el acto, quedó admitido el carácter provisionalísimo de las propuestas y el año pasado la Junta Directiva de la CCSS se vio obligada a adoptar medidas más serias, pero todavía insuficientes.
Esa directiva está diseñada para el empate. Hay tres representantes patronales y tres de los trabajadores (un cooperativista, un solidarista y un sindicalista). En el medio, hay un presidente ejecutivo y dos representantes del Estado, nombrados por el Consejo de Gobierno. El proyecto de ley incorporaría dos delegados de los trabajadores independientes, pero, como no están organizados, su representatividad siempre estará en entredicho.
El exdiputado Pedro Muñoz, proponente del proyecto, les asigna la tarea de “defender los intereses de los trabajadores independientes para bajar los porcentajes de cotización, porque no han estado debidamente representados y en la junta directiva se aprueban cargas que los afectan”.
Son miras muy estrechas para dos directivos de una institución tan importante. Lo mismo podría decirse de los demás representantes de grupos de interés. Ese es el problema.