Si el actual alud de argumentos, explicaciones, declaraciones y peticiones contra la pesca de arrastre se hubiera producido cuando la Asamblea Legislativa aún la discutía, quizá no habría sido aprobada: los diputados son permeables a los grupos de presión, pero también a la opinión pública. Sin embargo, no ocurrió así. Tuvo 28 votos y su texto está ahora en manos del presidente, quien deberá decidir si lo proclama ley o lo devuelve con su veto, en cuyo caso difícilmente tendría la mayoría de dos tercios necesaria para un resello.
Las sólidas razones técnicas, ambientales, económicas y sociales expuestas por 25 organizaciones de pescadores, 14 de turismo, 64 de sectores ambientales y comunales y 13 gobiernos locales (luego más), y reproducidas por miles de ciudadanos, justifican de sobra el veto. Pero ¿qué de las variables políticas que Alvarado debe considerar?
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Si opta por proclamarlo, satisfará a un amplio grupo de diputados, entre ellos los pesos pesados de la oposición, a los camaroneros y quienes participan en su cadena productiva, y a algunos sectores puntarenenses, sobre todo del Puerto. Lo primero podría ayudar a impulsar —aunque no lo garantiza— una agenda legislativa que, en materia fiscal, se ve muy difícil; lo segundo y tercero, a evitar impactos socioeconómicos puntuales y posibles protestas.
Sin embargo, los costos opacan por mucho las posibles ventajas. Si el presidente rubrica la ley, violará una promesa de campaña, alienará a amplios sectores de su base electoral e incluso de su gobierno, desairará a su fracción legislativa, herirá la creciente sensibilidad ambientalista de los ciudadanos, perjudicará y marginará a pescadores artesanales y varias comunidades (más numerosos que las posibles beneficiados), alimentará una imagen de debilidad ya extendida, se abrirá al ataque de los diputados opositores que votaron en contra y alentará movilizaciones y reclamos.
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Todo lo anterior debilitaría aún más el manejo político gubernamental y la capacidad de liderazgo presidencial, factores cruciales, incluso, para impulsar la agenda fiscal. La decisión, sí, es difícil, pero el balance muy claro: vetar es lo más responsable para el país y lo más conveniente para el gobierno. No solo se trata de virtud, sino de razón; también, firmeza.
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