La reforma al Código Procesal Laboral que autoriza la huelga en los servicios públicos esenciales, y obliga a la Oficina de Defensores Públicos a utilizar sus escasos recursos para representar a los demandantes en asuntos de trabajo, entre otros peligros, solo convence al Frente Amplio y a los sectores del PAC alineados con su pensamiento.
Si no hubiera dudas, el presidente, Luis Guillermo Solís, ya habría levantado el veto interpuesto por doña Laura Chinchilla, como hizo con otro, de menor trascendencia, ejercido por don Óscar Arias. La constitucionalidad de esa actuación es cuestionable y está sometida al análisis de la Sala IV. Mientras los magistrados dirimen el punto, la Administración presume tener la facultad de dejar sin efecto los vetos, pero no levanta el interpuesto contra el Código Procesal Laboral.
Por un lado, los sectores más responsables del Gobierno, incluido el presidente, entienden los peligros implícitos en la reforma. Por otro, el PAC se siente comprometido con el Frente Amplio, su aliado del último 1.° de mayo, y tiene en sus filas a simpatizantes de la reforma.
El Frente Amplio exige el inmediato levantamiento del veto. El Gobierno no lo complace, pero tampoco está dispuesto a esperar el vencimiento del plazo para archivar el expediente. Si lo hiciera, perdería la carta de negociación con el aliado, enfrentaría reclamos de incumplimiento y enajenaría a la izquierda radical. Por eso, pide al Congreso prorrogar la fecha límite del 13 de diciembre.
El escenario ideal es mantener esperanzado al Frente Amplio, tanto como sea posible, sin levantar el veto, lo cual solo se explica por el reconocimiento de los peligros del proyecto. Si eventualmente la Sala se pronuncia contra el procedimiento, ¡miel sobre hojuelas!
Si el Congreso rehúsa prorrogar el plazo, la Administración deberá decidir si enajena al aliado o levanta el veto y se aleja de otros sectores. En este último caso, renunciará, también, a cualquier iniciativa de ordenamiento del Estado y control de gasto. Fortalecidos por la reforma, los sindicatos no permitirán una revisión significativa del empleo público, como la anunciada por el Gobierno. En consecuencia, se alejará la posibilidad de generar nuevos ingresos fiscales y, si la Sala no objetara el procedimiento, o tardara en hacerlo, la primera víctima de la nueva ley podría ser la Administración Solís. Estamos en un grave punto de inflexión, producto de pasadas ligerezas.