El programa de gobierno del Frente Amplio está repleto de motivos para la preocupación, pero quizá el más grande, por prevalente a lo largo de tantas páginas, es la inmadurez. Hay en el planteamiento un tufo a entusiasmo irresponsable, a veces rayano en la ingenuidad y con demasiada frecuencia atropellado, sin la menor consideración de las consecuencias.
El programa plantea, por ejemplo, “rechazar rotundamente cualquier medida dirigida a criminalizar la protesta social. Promover la reforma del Código Penal para impedir que se penalice a quienes participan en manifestaciones populares pacíficas...”.
Las “manifestaciones populares pacíficas” no están criminalizadas en Costa Rica. Por el contrario, gozan de amplias garantías plasmadas en la Constitución Política. El Código Penal solo castiga el cierre arbitrario de vías y la infracción del derecho ajeno.
La sentencia 3020-00 de la Sala Constitucional es un ejercicio de armonización del derecho a la manifestación pacífica con otras libertades consagradas en la carta magna, particularmente la de tránsito. El fallo se pronuncia en defensa de la libertad de manifestarse, pero reconoce la potestad estatal de emplear la fuerza para garantizar el libre tránsito y, más bien, obliga al Estado a impedir el “uso abusivo” del derecho a la manifestación.
El Estado no debe excederse en el uso de esa potestad ni en el cumplimiento de su deber. El legítimo empleo de la autoridad cesa cuando la actuación estatal desnaturaliza la libertad de manifestarse. En el ejercicio de su derecho a la manifestación, un grupo de ciudadanos puede limitar momentánea y legítimamente la libertad de tránsito de otros, pero eso no implica la existencia de un derecho específico a impedir la libre circulación.
Una cosa es la interrupción del tránsito como consecuencia práctica y pasajera de una manifestación pública, y otra, muy distinta, el deliberado cierre de calles y carreteras. Esa conducta ilegítima sí está contemplada en el Código Penal, a entera conformidad de la Sala Constitucional.
Para acreditar la inmadurez de la propuesta del Frente Amplio, basta contrastar su alegre intención de entregar las vías a los manifestantes, sin la menor preocupación por el derecho ajeno, con la madura ponderación de las libertades en conflicto hecha por la Sala Constitucional.
Si alguna vez el Frente Amplio llegara al poder, la primera medida de una oposición malintencionada sería exigir la presentación de la iniciativa al Parlamento para aprobarla cuanto antes. El inevitable caos social sería un instrumento invaluable en la lucha contra el gobierno del Frente Amplio.