La pregunta clave del próximo proceso electoral es de dónde saldrán los $15.400 millones (¢9,6 billones) necesarios para hacer frente a los vencimientos de la deuda nacional entre el 2022 y el 2026. La cifra equivale al gasto total del Gobierno Central en el 2020 y, si se hace de lado el impensable escenario del impago o «default», solo hay tres formas de solventarla.
La menos dolorosa consiste en canjear los bonos existentes por nuevas emisiones, con características diferentes en cuanto a plazo y tasa de interés. Ese recurso tiene limitaciones, comenzando por el nivel de endeudamiento ya alcanzado. Los inversionistas exigirán mayores rendimientos, tanto por la percepción de riesgo como por la competencia de títulos emitidos por otros países, con mejores condiciones.
Por otro lado, poco menos de la cuarta parte de los vencimientos del 2023 corresponde a la emisión de eurobonos del 2013. Constituyen deuda internacional, normalmente no sujeta a canje. Ese año, el total de la deuda vencida ascenderá a $4.160 millones.
Aparte de los canjes, solo hay dos medios para enfrentar las obligaciones vencidas o alivianar las nuevas mediante el ofrecimiento de mayor seguridad a los inversionistas: generar ingresos o recortar gastos. La mayoría de los aspirantes presidenciales evitará pronunciarse, en concreto, sobre los medios para conseguir alguno de esos objetivos o ambos.
Cuando se les señale el límite de la sustitución de deuda, argumentarán la posibilidad de equilibrar las finanzas mediante el crecimiento económico, pero no es posible en tan corto plazo alcanzar una tasa de desarrollo suficiente.
El próximo presidente no podrá evitar el aumento de la carga tributaria, la disminución del gasto o ambas. Los electores debemos exigir respuestas concretas y ciertas sobre las nuevas fuentes de ingresos y los programas sujetos a recorte. Así sabremos a qué atenernos, despejaremos dudas sobre la orientación ideológica de los aspirantes y podremos aquilatar su seriedad.
Quizá también los llamemos a reflexionar sobre la agenda acordada con el Fondo Monetario Internacional y la conveniencia de permitir a la actual administración cargar con la mayor parte del costo político de las reformas, tanto en materia de gasto como en el rubro de ingresos.
Entrar al gobierno con la inmediata obligación de atender vencimientos de $4.160 millones y, en el 2024, otros $4.100 millones sin contar intereses, es administrar la crisis, sin mayor margen de maniobra.
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