Cuando todo el mundo esperaba que la primera convocatoria de las sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo incluyera gran parte de los proyectos de ley que darían sustento a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), nos llevamos la enorme sorpresa de que la lista carece de propuestas de fondo, salvo lo relativo a los avales bancarios. Where’s the beef?, como reza la frase popularizada por el anuncio de una cadena de hamburguesas.
En el catálogo destacan tres empréstitos que parecieran ser la única parte de interés para el Poder Ejecutivo. No es de extrañar, pues su táctica —después del descalabro político sufrido tras la presentación de la agenda que pretendía enarbolar en la negociación con el FMI, en setiembre— ha sido exclusivamente pujar por la aprobación de créditos para pagar los gastos ordinarios y sostener el problema hasta mayo del 2022.
Evidentemente, lo único que realmente importa al Poder Ejecutivo es tener dinero suficiente para pagar salarios y aguinaldos y que los problemas fiscales los resuelva el próximo gobierno.
Por eso, en nueve meses no ha propuesto ninguna reforma estructural del Estado ni promovido la reactivación económica, a pesar de la gran cantidad de recetas que los economistas más serios del país le han ofrecido en bandeja.
Lo trascendente es intrascendente. En esta primera convocatoria, se echan de menos proyectos de ley tendentes a realizar reformas estructurales al aparato estatal, como la eliminación o absorción de los órganos con personalidad jurídica instrumental dentro de la estructura institucional de la cual fueron separados, o la eliminación de otras instituciones autónomas obsoletas, como Japdeva, el CNP, el Inder, la Fábrica Nacional de Licores, el IFAM, el Infocoop y otras más que se me quedan en el tintero.
Asimismo, se omitió la incorporación de proyectos fundamentales para la reactivación económica, como la posibilidad de reducir la jornada laboral a cuatro días semanales, o que coadyuven a contener el exorbitante gasto público, como la ley de empleo público. Esta última, según voceros del gobierno, no fue convocada, pues el texto será negociado primero con los sindicatos.
El anuncio es surrealista, pues de los sindicalistas saldrá una ley inservible. A lo mejor eso es lo que quiere el gobierno para quedar formalmente bien con los empleados públicos.
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Tampoco está la reforma de la Ley de Contratación Administrativa para que el Sicop sea obligatorio para todas las instituciones estatales.
Asimismo, debió presentarse el proyecto que equipara las cuotas de la seguridad social de los trabajadores independientes con las de los asalariados y condona el pago de intereses y multas por las sumas adeudadas durante los últimos cuatro años.
Lo anterior no solo contribuiría a que la Caja Costarricense de Seguro Social reciba una inyección fresca de fondos que tanto necesita, sino también a lograr que numerosos trabajadores independientes finalmente salgan de la informalidad.
Mucho más fuera de la lista. Faltó también la transformación del sistema de impuesto sobre la renta de cedular en renta global. Con ello, aumentaría la recaudación fiscal y habría una mayor equidad tributaria.
Quedó fuera un proyecto que ya se encuentra en la corriente legislativa, el cual elimina la exoneración del impuesto sobre la renta al salario escolar.
Como las antedichas, hay numerosas iniciativas que merecían ser convocadas en vez de la mostacilla que integra la lista oficial.
Eso significa, lo reitero, que el Poder Ejecutivo solo tiene como objetivo la aprobación de los empréstitos para seguir pateando la bola hasta el final de su mandato.
Este gobierno se resume, de manera plástica, en un adjetivo que lo explica en sus diferentes matices: chambón.
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El autor es abogado constitucionalista.