Invertimos el 8 % del producto interno bruto en educación y los resultados son muy pobres, si tomamos como base para medirlos, las pruebas PISA y las calificaciones internacionales dadas a nuestras universidades públicas.
Invertimos más de ¢730.000 millones en educación superior y técnica y graduamos profesionales sin el perfil demandado por las empresas. Solo 20 de las 61 universidades cuentan con carreras acreditadas y únicamente 120 de las 2.000 carreras impartidas están acreditadas ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).
La educación y el trabajo están cambiando en el mundo, pero Costa Rica repite y repite la misma receta.
Solo un 34 % de la población entre 18 y 24 años asiste a la universidad. Según la Encuesta Nacional de Hogares, los estudiantes de clase media alta y clase alta ingresan a los centros de estudios superiores públicos y los de menos ingresos, porque están obligados a trabajar, van a los privados. Pero un dato interesante es que solo el 50 % de los estudiantes de las universidades públicas obtienen un título.
En realidad, las universidades públicas no están cerrando las brechas sociales como deberían en un país de tan alta inversión social.
Los fondos de la Comisión de Nacional de Préstamos para Educación (Conape) los han aprovechado hasta ahora, principalmente, 14 universidades privadas. La Comisión no va a financiar 36 carreras porque están saturadas, lo cual refleja la falta de visión que han tenido nuestras autoridades.
El 23 % de la población entre 25 y 64 años posee estudios superiores. Muy bajo, pues en países como Canadá es el 56 %, en Japón el 51 %, en Israel el 50 % y en Corea del Sur el 47 %.
Un estudio llevado a cabo por el Observatorio Laboral de Profesiones del Conare en 134 disciplinas determinó que el 90,5 % de los graduados universitarios están trabajando en labores muy diferentes a su carrera original.
El 27 % de los graduados salen de las cinco universidades estatales y el 73 % de las 55 privadas cuyo crecimiento ha sido exponencial porque no existe evaluación de la calidad y pertinencia de la enseñanza.
El desempleo castiga más a los profesionales en ciencias sociales y básicas. Las carreras de mayor demanda se centran en informática, ingenierías, finanzas, economía, mecatrónica, animación digital, diseño y telecomunicaciones.
Los empleadores evalúan con mayor rigidez el dominio de varios idiomas, la capacidad matemática y cibernética, el pensamiento crítico, el liderazgo, el saber trabajar en equipo, la inteligencia emocional y cualidades como creatividad, flexibilidad, resiliencia, buena comunicación y puntualidad. También toman en cuenta si la persona es sociable y de personalidad amable.
Tras el surgimiento de Facebook, Twitter, Google e Internet, así como la disminución de precios y desarrollo de tecnología más sofisticada de los teléfonos inteligentes, las oportunidades en el mundo educativo y laboral son muy distintas a las de hace apenas cinco años.
Según el Foro Económico Mundial, el 65 % de los jóvenes en secundaria hoy tendrán oportunidad de conseguir un nuevo trabajo en carreras aún no inventadas.
Los avances en robótica, inteligencia artificial, biotecnología y big data obligan a pensar fuera de lo convencional para preparar a los jóvenes para un futuro incierto.
Universidades públicas. La pobreza supera el 21 %, la desocupación el 23 % y la informalidad crece. Aun así, las universidades públicas se resisten a adecuar la malla curricular a los tiempos modernos.
Escasamente, el 25 % de los graduados manejan satisfactoriamente el inglés. En términos relativos, cada estudiante universitario gasta 2,6 veces lo que cuesta un alumno en primaria y 2,4 veces un joven de secundaria.
Entre el 2013 y el 2017, el dinero dado a los centros de educación superior estatales pasaron de ¢400.000 millones a ¢600.000 millones, lo cual incluye ingresos ordinarios, transferencias, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y mejoramiento de la educación.
Las remuneraciones crecieron de ¢277.000 millones en el 2013 a ¢383.000 millones en el 2017, un aumento del 33 % en términos reales. Los incentivos representan el 49 % de las remuneraciones y los rectores no quieren poner coto a pesar de la crisis fiscal.
Las universidades públicas pagan salarios hasta de ¢14 millones a un administrativo y ¢8,7 millones a técnicos y profesores. Insostenibles si se piensa en el sacrificio que están haciendo los costarricenses para mantener la economía a flote. Ejemplo, los productos que quedaron por fuera de la nueva canasta básica.
Es preocupante que los rectores no quieran asumir solidaridariamente el ordenamiento de la estructura de salarios y gastos, pues más del 85 % de sus ingresos salen del presupuesto nacional, es decir, de los impuestos.
De hecho, los gastos y la inversión crecieron de forma acelerada para la educación superior y ello no se refleja en el número de graduados.
Los presupuestos de las universidades públicas en el 2018 fueron: ¢405.000 millones para la UCR, ¢179.000 millones para la UNA, ¢89.000 millones para el ITCR, ¢85.000 millones para la UNED y 49.000 millones para la UTN. Presupuestos que, porcentualmente, son casi invariables a pesar de que el ITCR gradúa más profesionales cuyos perfiles sí se ajustan a la demanda del actual modelo de desarrollo económico.
El FEES debe estar ligado al costo y a la calidad de cada estudiante y toda institución que reciba ingresos públicos debe dar cuentas claras a la sociedad. Llegó el momento de replantear cuáles son los cambios necesarios para hacer de la educación superior el verdadero puente al desarrollo y no creer que unas cuantas ayudas a los pobres sacarán al país del tercer mundo.
El tiempo es oro y no se vale seguir por el actual camino. Los privilegios salariales y las pensiones de las universidades públicas no son sostenibles, ni justos.
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El autor es ingeniero.