La reacción popular en contra de la propuesta del gobierno para el Fondo Monetario Interncional (FMI) no podía ser mayor.
Lo de escuchar, proponer y dialogar fue una licencia literaria. Ahora, el río está peligrosamente revuelto y urge adoptar un conjunto eficaz y equitativo de medidas de ajuste macroeconómico con el fin de aliviar cuanto antes los problemas de desempleo y pobreza. Sugiero lo siguiente:
Tomar inmediatamente la senda de la sostenibilidad fiscal a través del crecimiento económico; ojalá elevado. Por eso no deben aprobarse nuevas cargas tributarias a corto plazo, como propone el gobierno.
Al contrario, hay que reducirlas, porque impuestos temporales llevarían a empresas a posponer inversiones urgentes; más bien deben otorgarse estímulos temporales, como la depreciación acelerada, para revivir la inversión privada.
La inversión pública no debe detenerse y hay que agilizar la concesión de toda obra pública, lo cual no implicaría costo fiscal, pero sí grandes beneficios sociales, que constituyen fuentes de ingresos sanos.
Ideas desacertadas. La propuesta del presidente de la Asamblea Legislativa, de elevar los tributos a las empresas de las zonas francas, que han mantenido actividad y empleos a pesar de la pandemia, generaría migración de varias de estas a Vietnam o República Dominicana.
Hay que tratar de que más multinacionales vengan a ubicarse en el país, por ejemplo, bajo la estrategia denominada nearshoring (relocalización).
Tampoco es correcta su sugerencia de permitir al fisco utilizar parte de las reservas monetarias del Banco Central, porque crearía incertidumbre cambiaria y huida de capitales.
Como no sabemos cuándo acabará la pandemia, es necesario que un equipo de alto nivel técnico construya, cuando menos, dos escenarios probables (por ej. la pandemia termina en seis meses o la pandemia termina en un año) y diseñe la ruta que tomaría el endeudamiento del Gobierno Central (relación deuda/PIB) en uno y otro caso.
Para lo anterior, deberá plantear supuestos plausibles respecto a la tasa de crecimiento de la economía, la tasa de interés sobre la deuda y el balance primario en cada uno de los años que cubra el ejercicio. Sabemos que el endeudamiento del Gobierno Central muy probablemente llegará al 70 % del PIB a finales de este año y tal vez sobrepasará el 80 % al final del 2021; también, que podría ubicarse más allá del 100 % de ahí en adelante, por tanto, la carga de intereses sería prácticamente insostenible.
En esas condiciones, para bajarlo al 50 % del PIB de aquí a finales del 2034, como indica el borrador de la propuesta del gobierno para el FMI, y dado que la tasa de interés sobre la deuda pública posiblemente se mantendrá por encima de la del crecimiento económico, será necesario convertir un déficit primario en un superávit primario alto, lo cual no es sencillo.
Para generar superávit primario —los ingresos del gobierno superan los gastos antes de intereses— a lo largo de diez o más años, será necesario un crecimiento de la economía a una alta tasa, un aumento significativo de la carga tributaria o un recorte cuantioso del gasto público.
Las dos últimas formas tienen defensores y opositores, algunos violentos. El gobierno se decanta por la elevación inmisericorde de los tributos; yo, por hacer recaer el ajuste en el recorte y la racionalización del gasto público, así como por controlar y reducir la evasión.
Un sindicalista también favorece el aumento de impuestos, pero no para él y sus colegas, sino para las personas físicas y jurídicas ubicadas en las categorías de ingresos superiores.
Esquema sencillo. La concentración de los impuestos en los rangos más altos de ingreso atenta contra la recaudación, pues muchas empresas preferirían migrar a mejores domicilios fiscales. Para no minar la capacidad recaudatoria, la reforma que se adopte debe conducir a un esquema tributarios sencillo, de aplicación general, de amplias bases y moderadas alícuotas. Esto obligará al Estado a ejercer su labor redistributiva por el lado del gasto, no de los ingresos.
Por supuesto, esta deberá ser del tipo Robin Hood, de rico a pobre, no al revés, como ocurre en Costa Rica, por los sueldos, pluses y pensiones de lujo pagados en el sector público, ampliamente documentado por investigadores del Incae.
Parte significativa del ajuste macroeconómico tendrá que ver con la reforma del Estado para aumentar eficiencia y reducir el costo.
El estímulo al crecimiento económico es por mucho la mejor forma de atender los problemas fiscales y también los sociales, pues una economía dinámica no solo aporta más ingresos tributarios, también reduce el desempleo y la pobreza.
Bajar el déficit primario a punta de impuestos lo reduciría temporalmente a costa de exacerbar los problemas sociales.
No es improbable que el ejercicio de proyección que sugiero en este artículo muestre, en uno y otro escenario, que el endeudamiento público continuaría elevado. Si ese fuera el caso, habrá que vender empresas no esenciales del Estado, que se desempeñan en áreas bien atendidas por la iniciativa privada, y dedicar los ingresos a amortizar deuda.
Como reconocen los principios contables, una reducción de activos y de pasivos por el mismo monto deja intacto el patrimonio. Pero debe tratarse de activos de valor significativo, no solo la Fanal, que es como si una persona vendiera el peine para pagar deudas.
Analistas consideran que la privatización en la forma indicada es necesaria en cualquier caso, no solo en situaciones críticas como la actual, porque al contribuir a aliviar el peso de la deuda del Estado es posible hacer reducciones generales de tributos, cuyo resultado es más poder de compra de las familias y, en consecuencia, un estimulo para la producción.
Todavía más. Temo que lo anterior no baste y haya que hacer mucha reingeniería financiera. No veo bondad en una renegociación de la deuda interna cuyos tenedores son entes públicos, pues en el caso de bancos, el INS y la CCSS las inversiones son contrapartidas de pasivos con depositantes, tenedores de pólizas y asegurados.
El país tendrá que ejercer su mejor función diplomática para que gobiernos amigos le rebajen el costo de las deudas y perdonen parte de esta, como el Plan Brady en la época de los ochenta.
Toda negociación del paquete de ajuste debe tener como base un esquema cualitativo y cuantitativo como el descrito. No puede hacerse poéticamente, en el aire.
No veo ventaja alguna en que medie la Iglesia católica o cualquier otra, porque se trata de hacer un análisis objetivo, con un gran componente numérico, no de mera opinión, en el cual el statu quo (como no hacer nada) podría constituirse en la opción de consenso, a pesar de que ahora y en el futuro inmediato sería condenar a miles de familias a la miseria.
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El autor es economista.