La historia mundial registra pandemias como la peste bubónica, surgida en 1347 en Mongolia y, por allá de 1350, llegó al norte de Italia, de donde rápidamente se extendió al resto de Europa y acabó, en algunas ciudades, con más de la mitad de los habitantes.
En Florencia, donde solo un quinto de su población sobrevivió, los muertos eran enterrados en fosas comunes “como queso entre capas de lasaña”, según el relato de un observador. No se conocía que la transmitían las pulgas que vivían en ratas negras infectadas, que viajaban de un lado a otro en el transporte de carga. El arribo de los españoles al Nuevo Mundo también trajo enfermedades desconocidas por los aborígenes.
Quizá, pensarán algunos, convenga volver a la autarquía. Sin embargo, es inconveniente, pues la medicina haría más daño que la enfermedad. En la Edad Media, y más atrás, el volumen de comercio internacional era relativamente bajo. En varias ciudades, se consumía únicamente lo producido a un máximo de diez horas a pie del centro. Si ocurría una sequía, una inundación, o si incendios o langostas acababan con las cosechas —fenómenos frecuentes, a veces cada cuatro años— los grupos sociales experimentaban hambruna y desolación.
La organización social para luchar contra una pandemia se asemeja a la que se adopta durante una guerra. Una pandemia exige un esfuerzo conocido como “bien público” y el cual, tradicionalmente, se le encarga al Estado.
En presencia de semejante mal, poco o nada vale el esfuerzo de unos individuos si otros no hacen lo mismo. Si existieran amuletos o mascarillas mágicas que protegieran de la covid-19, como los paraguas de la lluvia o las chaquetas del frío, no estaríamos frente a un bien público. Pero no es el caso, y si aquí unos son cuidadosos y otros no, poco se gana.
Dada la porosidad de nuestra frontera norte, tampoco se gana si en Nicaragua a muchos les vale un comino las recomendaciones de las autoridades mundiales sobre cómo proceder en la actual pandemia.
Constituyen bienes públicos la administración de justicia, la provisión a los pueblos de caminos y puentes vecinales, el ejercicio de la defensa nacional y la lucha contra pandemias, entre otros. Para su suministro exitoso, al Estado se le reconoce hasta el uso legítimo de la fuerza.
La diferencia. Sin embargo, la situación moderna, que hizo necesario confinar a las personas y ha paralizado muchas actividades, difiere de una economía de guerra. Durante conflictos bélicos, actividades como la producción de armas, equipos, uniformes y alimentos para los soldados se mantienen, casi siempre con gran intensidad, y las economías incluso crecen en el ínterin. Claro, cuando un país o una ciudad son bombardeados, como Londres y Dresde en la Segunda Guerra Mundial, los habitantes deben encerrarse, como ahora, y la economía de los afectados se paraliza.
El primer efecto de la covid-19 se produce en la salud de las personas y la prioridad del Estado es hacer lo que técnica y económicamente sea necesario para minimizar la pérdida de vidas humanas. El otro efecto es fiscal.
El SARS-CoV-2 llegó a Costa Rica a principios de año, cuando las finanzas del Estado eran precarias porque el déficit y el endeudamiento del Gobierno Central eran muy elevados. Los intereses de la deuda se comían porciones cada vez mayores de los ingresos tributarios y la deuda podría tornarse explosiva si no se hacía nada.
El desempleo a finales del año pasado superó el 12 % de la población económicamente activa y, lo peor, la pobreza era muy alta, pues afectaba a una de cada cinco familias. Costa Rica ejecutó un plan de ordenamiento fiscal con metas claras por alcanzar en el tiempo y una regla fiscal para asegurar el cumplimiento. Pero vino la covid-19 y la prioridad cambió. Por tanto, hay que aceptar que las metas fiscales muy probablemente tendrán que cambiar. Como opinó John M. Keynes, si las circunstancias cambian, también, las recomendaciones de política pública.
Menos ingresos. La reducción de la actividad económica, a consecuencia de la pandemia y de las medidas dictadas por el Ministerio de Salud para atenderla, implica que los ingresos tributarios van a ser más bajos que lo que se calculó a mediados del 2019. También, si recrudece el desempleo, porque algunas empresas han cerrado, las necesidades sociales aumentarán y el gobierno deberá dedicar más recursos a atenderlas, al amparo de su otra función clásica: suplir bienes meritorios. Eso es lo lógico e inevitable.
El déficit consolidado subirá en ausencia de otras acciones para cerrar el hueco, como podrían ser la reducción del gasto público corriente no prioritario o recurrir a la ayuda masiva internacional (donaciones).
Durante la administración Calderón Fournier, en razón de los daños causados por un par de fuertes terremotos, recurrimos al Grupo Consultivo, que coordina el Banco Mundial, y varios países ayudaron a Costa Rica.
Aunque no es mi especialidad, considero que, en lo atinente a salud pública, el liderazgo del ministro de Salud ha sido notable. También, en el hacer cumplir las medidas de aislamiento y otras que la situación exige. Pero en materia fiscal, cuando se prevén menos ingresos y superiores gastos, me parece que la administración Alvarado no ha sido igualmente rigurosa.
Será necesario estimular el aparato productivo e inyectar más poder de compra a la economía mediante la reducción temporal de algunos tributos y tarifas de servicios públicos, dar apoyo directo a algunas empresas, quizá hasta hacerles aportes de capital y de liquidez mediante préstamos. Asimismo, habrá que ayudar a muchos desempleados y a sus familias, pues en Costa Rica no existen estabilizadores automáticos, como los seguros de desempleo en los países desarrollados.
Lo anterior obliga a redirigir el gasto público hacia lo que se ha convertido en prioritario y, por esa vía, tratar de que, al final del túnel, el Gobierno Central no quede endeudado hasta la coronilla porque eso equivaldría a aceptar convivir con un gran malestar social durante muchos años.
Unos responden, otros no. En vista de las exigencias del entorno, los empresarios han recurrido al teletrabajo, a reducir la jornada laboral y algunos mantendrán el mismo nivel de empleo aunque no tengan actividad. Los bancos, públicos y privados, ofrecen reestructurar operaciones con sus deudores para hacerles más llevadera la situación. La fundación de Keylor Navas se ha unido a la campaña para auxiliar a los necesitados de apoyo, etc.
Esta experiencia quizá conduzca a una reflexión sobre la división óptima del trabajo entre el Estado y el mercado. Pienso que si la parte de salud pública sigue manejándose bien, eso exaltará, por lo menos durante un tiempo, la figura del Estado.
Al final de las grandes guerras mundiales así ocurrió. De la tríada “libertad, igualdad y fraternidad”, salió temporalmente triunfante la última a costa de la primera. No obstante, aunque muchos digan favorecer la solidaridad, resulta ser de la boca para fuera, pues llegado el momento de mostrar ese aprecio (como es el caso de muchos empleados públicos y la propuesta de recortarles actividad y salarios) sus conductas se corresponden más con el dicho “ahora estamos jodidos todos ustedes”.
Las municipalidades tampoco han mostrado aún liderazgo en la atención de los problemas que afrontan los habitantes de sus cantones. Alegan que disponen de recursos muy limitados, lo cual no concuerda con los cuantiosos sueldos que no pocas pagan a los alcaldes.
En suma, la covid-19 modificó violentamente el entorno. Por un tiempo indeterminado, el quehacer económico cambió de manera significativa (It’s not business as usual). Dios quiera que ese lapso sea breve, pues, de lo contrario, habrá que aceptar un empobrecimiento general, el deterioro fiscal y tomar otras medidas, entre las cuales estarían el revisar si un país tan pequeño necesita unas 320 entidades y órganos públicos, si continúa un gasto público inequitativo (en sueldos, pluses, pensiones de lujo, FEES, etc.) , así como considerar la conveniencia de efectuar un aumento temporal de tributos cuando la situación vuelva a lo que fue un año atrás.
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El autor es economista.