Vivimos en una sociedad proclive a endeudarse sin evaluar su realidad financiera. Criticamos al gobierno, pero actuamos igual en nuestra economía doméstica. Compramos por ansiedad o por impulso.
La Universidad Nacional, de acuerdo con un diagnóstico elaborado por el Observatorio Económico y Social, señala que ya alcanzamos los límites superiores de endeudamiento personal. Cada hogar debe, en promedio, ¢8,5 millones y los compromisos de pago superan el 70 % de los ingresos de muchos costarricenses.
La inmensa mayoría vivimos el día a día con la zozobra del alto costo de la vida, los muchos impuestos, las elevadas cargas sociales y la falta de educación financiera. A pesar de lo anterior, nos enamoramos de las promociones y de la famosa tasa cero, como si no tuviéramos que pagar el crédito.
Bancos, cooperativas, comercios y financieras ofrecen increíbles facilidades para comprar autos, viajar o adquirir productos de consumo, pero nadie hace las matemáticas correctas.
Al solicitar un préstamo para consumo, los intereses suelen fluctuar entre el 17 % y el 22,7 % anual en colones y hasta un 11 %, en dólares. Cuando utilizamos equivocadamente las tarjetas de crédito para financiarnos, pagamos de un 27 % a un 45 %. La facilidad para contraer obligaciones es una trampa financiera de la cual después es difícil salir, si no somos disciplinados.
Salvamento. Como tabla de salvamento, el gobierno y el Banco Central (BCCR) proponen consolidar deudas y buscar financiamiento a largo plazo, a una tasa más “cómoda”, para lo cual han invitado a los entes regulados por la Superintendencia General de Entidades Financiera (Sugef). La idea es unificar las deudas en colones a una tasa de un 20 % y plazos de 15 a 20 años, dependiendo de la garantía. El deudor deberá recibir educación financiera durante tres años y amortizar el 50 % para acceder a nuevos préstamos.
La propuesta incluye reformar el Centro de Información Crediticia (CIC) de la Sugef para consolidar toda la información de las deudas de los beneficiados.
¿Estarán los bancos dispuestos a correr estos riesgos? ¿Serán intereses fijos o variables de acuerdo con la tasa pasiva o Libor? Si el endeudamiento es en dólares, ¿quién asumirá los riesgos cambiarios? Un gobierno en graves problemas fiscales, ¿va a dar acaso un aval por la absorción de una cartera de clientes calificados de alto riesgo? ¿Lograremos revertir la contracción del consumo interno? ¿Cambiarán los hábitos de consumo de los beneficiarios? ¿Conseguirán los bancos recursos externos para este programa? Con mayor liquidez, ¿se abstendrán los deudores de ir al mercado financiero no supervisado en busca de extrafinanciamiento? ¿Se consultó este proyecto a la Sugef y al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif)?
La verdad es que los más felices por la puesta en marcha de este programa van a ser los bancos, comercios y financieras que en forma irresponsable concedieron los créditos, en su mayoría a través de tarjetas de crédito, y que actualmente están ajustando sus balances por incobrables.
Un dato que no debe pasarse por alto es que el endeudamiento por consumo es un 34 % de la cartera del sistema financiero nacional.
Mejora bancaria. Un reto ineludible en esta coyuntura para reactivar la economía es mejorar la competitividad del sistema financiero, generar más confianza, reducir los riesgos cambiarios y continuar trabajando en aumentar la eficiencia, que se mide en función de cuánto absorben los gastos administrativos el margen de la intermediación financiera. No cabe duda de que hay mucho por mejorar, en especial, en tecnología y ordenamiento financiero. El 93 % de las entidades financieras cuentan con el servicio Sinpe móvil, el 79 % con chats para atención en tiempo real y el 33 % con tecnología como la inteligencia artificial y la robótica.
El BCCR y el gobierno deben cuidar mucho la estabilidad cambiaria. Más de 700.000 familias deben en dólares, sin que una gran mayoría de estas genere recursos en esa moneda, fenómeno generalizado debido a las enormes diferencias en las tasas de interés. La situación debe revertirse, pues la estabilidad financiera se encuentra en un estado de vulnerabilidad.
La reducción del encaje mínimo legal, el reforzamiento en el control de los gastos, la calificación más laxa de los deudores y la reducción de la tasa básica pasiva han producido liquidez y dinamismo en el sistema financiero. La banca debe seguir reduciendo el margen de intermediación financiera, como en la última década, al pasar del 13,5 % al 6,8 %, en promedio, en colones.
Una tarea pendiente y fundamental es ordenar las ganancias bancarias para, en lugar de utilizarlas para mejorar la solvencia de los bancos, se usen para pagar otras cargas parafiscales, no relacionadas con el negocio.
Reactivación. El BCCR y el gobierno han conseguido, a punta de un gran esfuerzo, estabilizar el tipo de cambio, gracias a la reingeniería en los plazos de nuestra creciente deuda pública.
No obstante los cambios promovidos por el Congreso y la administración Alvarado, la economía permanece estancada. Recientemente, perdimos siete posiciones en el índice de competitividad global. La situación fiscal no se estabilizará mientras no reestructuremos el gasto público ni se estimule la inversión en infraestructura y capital humano. Tampoco si no se simplifican trámites, no aumenta la calidad educativa, no se asignan más recursos a la enseñanza de la ciencia y la tecnología y, especialmente, si los niveles de confianza siguen mal.
Más que nunca es forzoso cumplir la ley fiscal y hacer reformas estructurales en el Estado para liberar recursos para la inversión. Hagamos los cambios necesarios y no nos distraigamos en agendas insostenibles. La educación financiera es una prioridad nacional.
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El autor es ingeniero.