El crecimiento de la economía se prevé para este año entre un 2 % y un 2,5 % del producto interno bruto (PIB). Habrá una contracción de la demanda, una deuda pública creciente y un estrujamiento del crédito al sector privado. Por otro lado, las reservas monetarias internacionales se mantendrán estables y el equilibrio externo se cubrirá con inversión extranjera.
En cuanto a la inflación, esta se mantendrá entre un 3 % y un 4,5 %, con una devaluación en el mismo rango y un Banco Central de Costa Rica (BCCR) apoyando al gobierno con una política monetaria más activa.
La reactivación de la economía es una tarea muy compleja, exige ajustes estructurales y, especialmente, solidaridad de todos. El enfriamiento de la economía está afectando los pronósticos de ingresos del gobierno y, de no cambiar el rumbo de las expectativas en el segundo semestre, los ingresos proyectados por Hacienda serán menores, a pesar de la reciente reforma fiscal.
Estamos en un año muy complicado porque las calificadoras de crédito nos estarán vigilando muy cuidadosamente, los intereses permanecerán altos y los bancos serán muy cautelosos con el crédito, a pesar de las recientes medidas de reducir el encaje bancario y no ser tan estrictos con quienes, por circunstancias financieras transitorias, no pudieron cumplir con créditos personales y están pagando intereses confiscatorios.
Simplificar trámites es una labor compleja, requiere voluntad política, cambio de leyes y que para cada nueva reglamentación se exija un análisis de costo-beneficio y se obligue, por lo menos, a eliminar otros tres reglamentos (guillotina). Hace bien el gobierno en poner este programa como prioritario. No obstante, los inversionistas medirán celosamente el riesgo para préstamos e inversión, en eso estiba la importancia de que la administración genere, ante todo, confianza en este momento de incertidumbre, cuando todo el país exige un sacrificio solidario.
Solo si hay una mano fuerte para ajustar los gastos y mejorar la productividad pública se generará mayor confianza, inversión y empleo en el sector privado.
Deuda pública. Este año, dependiendo del manejo del gasto y los ingresos proyectados, terminaremos con una deuda del Gobierno Central superior a $34.500 millones, lo cual representa un incremento de $4.500 millones. El BCCR terminará con una deuda de $4.900 millones y el sector público no financiero, con $5.500 millones, para un total de $44.900 millones (72,5 %).
El costo del financiamiento en el 2019 no será bajo y los recursos externos no serán para fines de la balanza de pagos, sino para evitar mayor estrujamiento del crédito en el sector productivo debido al desequilibrio fiscal. Pero, difícilmente, saldremos de la actual crisis de empleo si no racionalizamos el gasto público, cerramos instituciones que no generan valor, abrimos monopolios y atacamos las pensiones millonarias. Los que piensan que con la aprobación de la reforma fiscal vamos a hacer crecer la economía están equivocados. Si todos nos ordenamos, no será hasta el 2023 cuando se estabilizará el crecimiento de la deuda del gobierno.
Japdeva. No parece consecuente el gobierno cuando solicita un presupuesto extraordinario de ¢23.000 millones para mantener a flote una institución como Japdeva, que hace años deja pérdidas, debido a las altas remuneraciones, su poca productividad y la falta de inversión e innovación. La situación fiscal del país es precaria. La insolvencia financiera de Japdeva es una realidad.
Hace más de seis años se sabía la fecha de inicio de APM Terminals y las autoridades nunca tomaron medidas correctivas. Con los serios problemas fiscales que vivimos, lo lógico es pagar las prestaciones a los trabajadores que deberán despedirse y quedar con una operación que permita darle a Japdeva viabilidad financiera a largo plazo.
El país no está para seguir pagando pluses salariales que superan los ¢13.000 millones anuales. El sindicato de Japdeva conocía los detalles del nuevo contrato, y lo lógico era plantear una solución viable e integral. Los ingresos actuales alcanzan los ¢800 millones mensuales y los gastos, ¢3.400 millones, de los cuales la planilla es de ¢2.500 millones y el resto para gastos operativos.
El gobierno no tiene posibilidad de comprometer más recursos para pagar pensiones con cargo al presupuesto nacional a empleados mayores de 55 años y que tengan 300 cuotas acumuladas. Hablar de reubicarlos es muy complejo y nos van a pasar una factura muy alta, como sucedió con el Banco Crédito Agrícola de Cartago.
Japdeva debe hacer una alianza estratégica con el sector privado o dar en concesión el puerto para seguir operando granos, acero, jugos, abonos y otras actividades que sean rentables. El puerto es una gran oportunidad para generar empleo en Limón, especialmente, en turismo y logística, pero ese es un campo propio de la empresa privada.
Actuar rápido hará que el problema social sea menos complicado. La provincia de Colón, en Panamá, acaba de concesionar dos terminales marítimas para naves de 200 a 300 metros de largo. ¿Podría luchar Japdeva con ese nuevo competidor? ¿No será más inteligente concesionar Moín y dedicarse al desarrollo de la provincia con los más de $20 millones anuales que solo APM Terminals le asegura? ¿Podrá Japdeva sobrevivir sin subsidios o con altos costos para los usuarios en el manejo de la carga restante?
Consejo Nacional de Producción. Apoyar a los pequeños agricultores es una labor de todo gobierno, pero eso lo puede hacer un fideicomiso en forma eficiente y transparente, en el Banco Nacional o en el de Costa Rica, con varias cooperativas que suplan a todas las instituciones estatales que necesiten alimentos a buen precio y de calidad. El CNP tiene costos operativos muy altos, debido a su alta carga por remuneraciones. No es justo que la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y los comedores escolares deban pagar precios no competitivos para seguir dándole respiración artificial a una institución que no tiene futuro.
El CNP es totalmente inviable financiera y operativamente, salvo que reciba apoyo de Fanal o que se le subsidie. Los proveedores deben esperar meses por sus pagos a un gran costo financiero para ellos. Las remuneraciones anuales del CNP superan los ¢12.000 millones y la Contraloría General de la República, en múltiples reportes, ha señalado la vulnerabilidad financiera y su poca competitividad. Busquemos una solución integral y no sigamos erosionando al fisco para mantener una planilla colmada de pluses. Ya el CNP cumplió su ciclo de vida útil, no se justifica darles más prebendas a unos pocos. Hay otras figuras más simples, transparentes y competitivas para apoyar a los agricultores.
Recordemos que el riesgo fiscal está latente y falta mucho camino por recorrer. Nada habremos logrado con tanto sacrificio y esfuerzo si no ordenamos el crecimiento del gasto en el sector público y su competitividad. Si seguimos manteniendo privilegios en pluses y pensiones, estaremos igual, o peor, que antes de la reforma fiscal. El desempleo y el deterioro social no se corregirán manteniendo más instituciones públicas que ya cumplieron su misión.
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El autor es ingeniero.