A las personas alimentadas con la nonagenaria dieta del cuento de la protección para los pequeños productores de arroz les resultará difícil comprender que, de los 200 años de independencia cacareada, el país ha sido esclavo de un puñado de arroceros durante 89.
El año entrante será un júbilo inmenso congregarse, el 21 de enero, en plaza Víquez, para celebrar los 90 años del primer conciliábulo arrocero, porque fue un 21 de enero de 1932, en la presidencia de Cleto González Víquez, cuando se promulgó la primera ley proteccionista del grano.
Hasta la modernidad, solo cambia la riqueza léxica. «Desde la publicación de esta ley, y por un período no menor de diez años, no podrá variarse el aforo del arroz». Así, por ejemplo, el grano costaría, en 1932, ¢0,28 el kilo durante el primer año «siempre que el precio al por mayor en San José, por quintal de 46 kilos, no pasara de ¢31 y de ¢0,40 la libra al menudeo».
El segundo año el kilo iba a costar ¢0,30, siempre que el precio al por mayor en San José, por quintal de 46 kilos, no pasara de ¢32 y de ¢0,40 la libra al menudeo, así hasta el cuarto año, porque, a partir del quinto, el aforo quedó en ¢0,34 por kilo y el precio al por mayor en San José, por quintal de 46 kilos, en ¢34 y ¢0,40 la libra al menudeo «para los años sucesivos». ¿La excusa? El crash de 1929.
Diez años durante los cuales los arrozales debían crecer verdes y extenderse hasta el confín, y los colones tintinear, quizás, en las marmóreas bóvedas del Banco Internacional de Costa Rica.
Para esa época, no quedarían vestigios de los hombres y mujeres de maíz, sino de arroz; blancos —Got seif de Cuin?— como los granos salvaguardados en las granzas.
Independientemente de las ideologías políticas, los gobiernos siguieron siendo complacientes con los arroceros. Gozaron de precios mínimos, la garantía de compra por el Estado y buenos márgenes de comercialización.
De acuerdo con un estudio de Jorge León Sáenz y Nelson Arroyo Blanco, del Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, los arroceros recibieron la mayoría de los créditos y subsidios de los programas Trato Justo al Agricultor, del gobierno de Rodrigo Carazo, y Volvamos a la Tierra, de Luis Alberto Monge.
Los númenes que rigen el destino los premió con la bestial ineficiencia de la Oficina del Arroz, creada en 1985, y una mañana, después de un sueño tranquilo, en el 2002, se encontraron sobre sus camas convertidos en la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
La ley ahora los facultaba para efectuar las importaciones para cubrir el faltante nacional sin pagar el arancel del 35 % y sin abonar los $20 por tonelada del canon fitosanitario.
Fue el culmen. Ellos mismos fijarían los precios, aunque el papel señale como responsable de la labor al Ministerio de Economía, cuyos jerarcas resultaron obedientes, como el diablo quería, y se han limitado a vocear el imprimatur.
¿La excusa? Que la ley los tenía amarrados y necesitaban una ventaja competitiva en vista de la entrada en vigor de los tratados con México y Canadá.
Superpoderes y superricos. Por medio de un decreto, en los primeros años del siglo XXI, se constituyó el Fondo de Estabilización Arrocero, compuesto por los ingresos obtenidos por Conarroz debido a la importación de grano barato para venderlo caro, pues, por más muletas, empujones, ayudas y otros beneficios, producen únicamente el 60 % de las necesidades internas. El otro 40 % viene de fuera.
La Contraloría determinó que los 33 mayores arroceros (un 3 % del total) recibieron el 50 % de los $4,4 millones repartidos por el Fondo antes de ser liquidado. El monto mayor lo recibió El Pelón de la Bajura, $476.110, mientras que 774 arroceros (el 71 %) debieron conformarse con cheques inferiores a los $2.000.
Dos directivos de El Pelón contribuyeron a las campañas del PLN del 2009 al 2017, como se constata analizando los datos del TSE. Se trata de Carlos Enrique González Pinto, cuyo aporte ascendió a ¢36,8 millones y Fernando Pedro González Pinto, con ¢2,5 millones. Igualmente, la exdiputada arrocera Nidia González Morera donó al Partido Acción Ciudadana ¢210.355 el 11 de enero del 2010.
Aun más, los arroceros también redactan sus propias leyes, como sucedió en el 2006, cuando los integrantes de la Asamblea General de Conarroz presentaron un proyecto de su puño y letra en el cual pedían crear «un órgano de desconcentración máxima de la Corporación Arrocera Nacional» que contaría «con personalidad jurídica instrumental para la administración de los recursos y cumplimiento de los objetivos y fines de la ley, cuyo acrónimo sería Fonarroz».
Pedían nada menos que un precio estable para el productor nacional, porque estaban en lucha contra «las distorsiones que se producen en los mercados internacionales, en razón de los subsidios y ayudas internas que se otorgan a la producción del grano».
Solicitaban la totalidad del producto de los impuestos nacionales y aranceles aplicados a las importaciones de arroz de cualquier tipo, productos y subproductos que ingresaran al país; el total del diferencial menos los costos de intermediación de Conarroz, obtenido o generado gracias a las importaciones de arroz en granza bajo condiciones de desabastecimiento nacional o de compromisos en materia de contingentes, realizadas por el CNP o la Conarroz; un aporte único de ¢1.000 millones de los recursos del Fideicomiso para la Protección y el Fomento Agropecuarios para Pequeños y Medianos Productores; dos dólares provenientes del canon fitosanitario, por tonelada métrica de arroz importado, que cobra el Servicio Fitosanitario del Estado; el 10 % de la totalidad del ingreso anual del 1,5 % de la contribución obligatoria de las compras nacionales de arroz en granza, pagado por los productores y los agroindustriales; las partidas o transferencias que el Estado, o las instituciones públicas incorporaran en sus presupuestos para el cumplimiento de los fines del Fondo, así como cualesquiera aportes, legados o donaciones de entidades privadas o públicas, entre otros.
El Congreso lo rechazó. Pero en el 2006, trataron de fortalecer su caparazón cuando estaban en discusión los acuerdos para la aprobación del TLC con Estados Unidos, cuyo texto liberaba a los pobres de la esclavitud en el término de 20 años. El proyecto lo presentó el PAC con el suave título de Fondo de Estabilización Arrocero.
Déjà vu. El acrónimo de aquella intentona iba a ser Fonarroz, y si quien está leyendo no ha captado, sepan cuantos que el proyecto negociado, a las 7 p. m., del domingo 23 de agosto del 2020, en las instalaciones del CNP por la ministra de Economía, Victoria Hernández, y el jerarca de Agricultura, Renato Alvarado, con el visto bueno del presidente, Carlos Alvarado, ahora es archisílabo, de Fonarroz mutó a Fonaproarroz, siglas de Fondo Nacional de Sostenibilidad para Productores Arroceros. La semántica es formidable: ayer, estabilización; hoy, sostenibilidad. La metamorfosis, sin embargo, no ha terminado.
Para la Contraloría, es una muestra de una tendencia hacia el crecimiento desordenado y diversificado de la organización administrativa del Estado, sin una visión coherente, clara y estratégica. Para los arroceros, «es mantener la sostenibilidad del sector... mediante el manejo de créditos y avales para los productores, labor de administración que realizará a través de fideicomisos con bancos comerciales del Estado, en proyectos viables y sostenibles en la producción de arroz, la implementación de nuevas tecnologías y sus herramientas, con el fin de aumentar la productividad y competividad del cultivo del arroz, brindando prioridad a los micro, pequeños y medianos productores de conformidad con la estratificación de la Corporación Arrocera Nacional, o en su defecto, del Ministerio de Agricultura y Ganadería». Tanta verborrea para mudar de piel y salir convertidos en banqueros de segundo piso con el dinero de Banca para el Desarrollo.
El andar en jerigonzas tiene otro fin: desviar la atención de la parte sustancial del acuerdo con el puñado de arroceros, esto es, el compromiso del gobierno de tomar otras medidas para fortalecer al sector, en vista de la liberalización del comercio acordada en el TLC con Estados Unidos.
Atrevimiento. Los arroceros también pretenden poner cortapisas a la libertad de expresión. El 20 de febrero del 2020 Conarroz envió al Banco Central la solicitud de eliminar el estudio Modelación de los efectos de la liberalización del mercado del arroz, esgrimiendo no haber participado en la discusión de la información y, por tanto, según ellos, «las conclusiones son erradas y no están fundamentadas».
Más recientemente, el 3 de febrero, la víspera de la realización del foro ¿Qué significa abrir la competencia en el mercado del arroz?, organizado por Lead University, solicitaron a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) «la debida imparcialidad en las opiniones» que diera la representante.
Cuando de este sector se trata, existen más probabilidades de bañarse dos veces en el mismo río «que sobre para poder dar a los que no tienen», como reza el proverbio chino sobre la costumbre de arrojar arroz a los novios, que, por lo visto, los arroceros tienen muchos.
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La autora es editora de Opinión de La Nación.