El transporte público es el eje principal de la movilidad en las ciudades, la cual está ligada a la infraestructura, al transporte masivo y a las soluciones amigables con el ambiente.
En el futuro, no nos referiremos a vehículos particulares. La gente pagará por el transporte dependiendo del uso. Cada vez habrá más tecnología y los sistemas eléctricos e híbridos serán una realidad.
Costa Rica creció sin planificación urbana y la infraestructura tiene más de 20 años de atraso. No será hasta dentro de dos años cuando la Circunvalación estará terminada, sin semáforos y con carriles veloces. El proyecto se diseñó hace 40 años.
Durante 25 años se ha hablado de un planeamiento estratégico de la Gran Área Metropolitana (GAM), que no es otra cosa que ordenar las rutas de buses, señalar carriles exclusivos, establecer el pago electrónico, instalar semáforos inteligentes y otras ideas que nunca se concretan.
Flotilla. Las 650 rutas nacionales de buses, 11.000 taxis, 5.000 buses, 450.000 motocicletas, 20.000 autos pirata y 1,1 millones de vehículos particulares con edad promedio de 16 años conforman el parque vehicular nacional.
Los costos del congestionamiento vial equivalen al 3,8 % del PIB, debido a los millones de horas perdidas de trabajo, los problemas de salud y el elevado precio de los combustibles.
El 50 % de los trabajadores se desempeñan fuera de su cantón de residencia. El gobierno anunció la sectorización de las concesiones de buses en el 2021, proyecto que tiene también 20 años de estar en todos los programas de las administraciones pasadas sin lograr materializarse debido a la falta de voluntad política.
El desarrollo urbanístico de la GAM se fue generando sin un plan integral, con gran dispersión, ocupación extensiva y reducida red vial, que origina el caos ambiental y en las carreteras.
En la GAM viven 2,6 millones de personas. Es un núcleo disperso, donde hay 31 gobiernos locales con diferentes estructuras de desarrollo y ordenamiento territorial. La población económicamente activa en esta área es el 54 % de todo el país.
Por día laboral, los costarricenses realizan 1,9 millones de viajes en transporte público, y San José es el destino y el punto de origen. Unos 300.000 vehículos pasan por el centro de la ciudad diariamente y, cuando menos, 50.000 vehículos entran al casco central.
CTP. El Consejo de Transporte Público (CTP) es la institución rectora del transporte público. Entre sus principales funciones están el diseño, regulación, coordinación y fiscalización de los servicios de taxis, busetas, camiones de carga liviana, grúas, vehículos destinados al perifoneo y autobuses.
Cuenta con un presupuesto anual de ¢5.782 millones. Sus gastos de capital ascienden a ¢510 millones (8,8 %) y los corrientes a ¢5.772 millones (91,2 %). Lo preocupante de su estructura es el consumo del 60 % de sus ingresos en administración y burocracia.
El CTP es un órgano de máxima desconcentración, sufre serios problemas operativos y carece de agilidad, tecnología y capacidad necesarias en un ente con tantas obligaciones para manejar un sector tan complejo.
Por otra parte, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) es la encargada de ajustar las tarifas de todos los servicios de transporte de personas.
Lo anterior es un verdadero enjambre. Una institución muy limitada, cuya Junta Directiva está constituida por representantes del MOPT, el Minae, los gobiernos locales y representantes de los autobuseros, usuarios y taxistas.
Como parte de la solución, debe hacerse una reingeniería para contar en el país con una unidad técnica de primer mundo y una junta directiva independiente y profesional.
En el 2021, el gobierno tendrá la oportunidad de sectorizar el transporte público con ahorros por ¢3.000 millones aproximadamente.
Actualmente solo la mitad de los 82 cantones tienen planes reguladores actualizados. El gobierno habilitó una base de datos digital para facilitar a los municipios la planificación sostenible. No obstante, falta la aprobación de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena) de un reglamento moderno de análisis de las variables ambientales para planes estratégicos, reglamento que está atrapado desde hace más de 10 años en comisiones y consultas. El ordenamiento territorial debe ser parte integral del esfuerzo por mejorar la movilidad.
Tren interurbano. Está en el Congreso para aprobación un préstamo por $550 millones que aportaría capital semilla a la construcción de un tren eléctrico para la GAM, con un costo de $1.235 millones, a fin de movilizar 200.000 pasajeros al día.
Tiene más de una década de estar evaluándose y ahora, gracias a una reciente donación del BID, se está haciendo una ingeniería de valor, con el apoyo de expertos ferroviarios y en finanzas, ambientalistas, abogados y otros especialistas, tendente a disponer de mejores elementos sobre la viabilidad financiera y la sostenibilidad a largo plazo según demanda, tarifas y subsidios.
El tren atravesaría la ciudad con un diseño de viaducto, 50 intersecciones, 11 estaciones urbanas y 42 paradas. Usaría el derecho de vía existente y pasaría por Alajuela, Cartago, San José y Heredia. El 80 % del tren se mantendría al nivel del suelo y la velocidad rondaría los 50 u 80 kilómetros por hora, con una frecuencia de tres a cinco minutos.
¿Quién aprobará esta alianza público-privada? ¿Qué papel desempeñará el Incofer? En la actual situación financiera del Gobierno Central, ¿hasta qué monto es posible subsidiar en un proyecto de esta magnitud? ¿Se ha evaluado iniciar el proyecto interconectando los grandes centros de población? ¿Qué efecto tendrá la pandemia en los nuevos esquemas de trabajo? ¿Podrá desarrollarse por etapas?
El tren interurbano necesario e impostergable para la movilidad debe ser la punta de lanza para llevar a cabo los verdaderos cambios y eliminar todos los cuellos de botella que han paralizado la infraestructura, el transporte público y el ordenamiento territorial a un precio muy alto en lo social, financiero, sanitario y ambiental.
La covid-19 pasará y las presas seguirán iguales. Estamos confinados, pero es temporal, posiblemente se desarrollen nuevas modalidades de trabajo y enseñanza, que cambiarán la vida y la movilización de los costarricenses.
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El autor es ingeniero.