A pesar de que nuestras exportaciones están dominadas por materias primas, el valor agregado y la diversificación son sobresalientes.
Nuestra industria agroalimentaria exportó $1.628 millones en el 2020, principalmente a Centroamérica ($775 millones), Estados Unidos ($375 millones), el Caribe ($133 millones) y Europa ($204 millones).
El sector agropecuario es la segunda fuente de empleo y la fuerza dinámica del país, junto con el turismo, en las áreas rurales. Café, banano, piña, hortalizas, lácteos, carne, caucho, pescado, madera, plantas y otros productos generaron $3.113 millones en ventas a Centroamérica ($187 millones), América del Norte ($1.480 millones) y Europa ($1.356 millones).
El 87 % de las exportaciones se concentran en Europa y Estados Unidos. Tenemos todavía una misión pendiente, a saber, concentrarnos más en el mercado asiático y llegar en mejores condiciones a la costa oeste de Estados Unidos, para lo cual se requiere una fuerte inversión en el puerto de Caldera para recibir barcos panamax.
Las importaciones agroalimentarias alcanzaron la suma de $2.200 millones en el 2020, especialmente de soya, maíz, arroz, pollo, cerdo, manzanas, aguacates, lácteos y una serie de productos industrializados, en su mayoría, provenientes de Estados Unidos.
El balance comercial de los productos agropecuarios y la industria alimentaria, contrario a lo proyectado por quienes atacaron los tratados de libre comercio, es favorable en $2.541 millones.
Lo anterior significa un gran éxito de la apertura comercial. A quienes defendían la autosuficiencia alimentaria, como estrategia de desarrollo, cabe recordarles que el país no debe seguir gastando los escasos recursos financieros en cultivos que por tecnología, condiciones climáticas y suelos jamás alcanzarán la productividad como en otros países.
Nuestra estrategia debe seguir concentrada en mejorar la productividad en aquello en lo que somos competitivos. La diversificación, la innovación, los valores agregados y la penetración en diferentes mercados son la mejor alternativa.
Apoyo y obstáculos. Más que nunca, debemos hacer un buen análisis acerca de cuáles medidas de apoyo necesitan los agricultores para aumentar la productividad.
Los ministerios de Agricultura, Salud, Ambiente y Energía, las universidades, los bancos, el Sistema de Banca para el Desarrollo, las organizaciones de productores y las 11 instituciones que conforman el sector deben trabajar coordinadamente para incrementar la productividad de cientos de pequeños agricultores urgidos de nuevas tecnologías, investigación, innovación, capacitación, capital de trabajo y comercialización.
Hay que bajar los costos de la energía eléctrica y remediar el deficiente uso de instrumentos legítimos de defensa comercial internacional, combatir el acoso ambiental promovido por grupos ecologistas y resolver el problema de la inacción del Servicio Fitosanitario del Estado para obtener el registro de agroquímicos.
Al sector lo golpea el poco apoyo de la banca para el desarrollo, las elevadas tasas impositivas y de intereses, los crecientes trámites burocráticos, la poca gobernabilidad, el estado de las carreteras o la falta de ellas, los costos exorbitantes de los combustibles, la política cambiaria que no se ajusta a la demanda, la mano de obra poco calificada y la carencia de avales y capital de riesgo para nuevos emprendedores.
Coordinación. La fragmentación ocurrida en las últimas dos décadas de la estructura agropecuaria torna costosa e ineficiente la operación. La duplicación de funciones, la descoordinación y una serie de falencias en la rectoría obstaculizan la dirección de todo programa.
Los servicios están desarticulados y no existe capacidad legal para integrarlos mientras haya juntas administrativas y personerías jurídicas diferentes. Cada institución plantea sus metas y no hay una estrategia integral para apoyar al sector ni para darle seguimiento ni evaluar los programas.
Los programas de planificación sectorial y el comité técnico-sectorial no están operando como debieran. Lo mismo sucede en los múltiples comités regionales, sectoriales y foros mixtos. Es preocupante que el MAG y las 11 instituciones relacionadas estén ausentes en el mejoramiento de la productividad y la planificación. El MAG gira recursos a las organizaciones y no vemos resultados.
Incorporar a todas las instituciones es inaplazable. No podemos sostener la estructura organizativa y legal imperante. La investigación y desarrollo deben ser el corazón del MAG, no una institución separada, como el INTA, cuyo divorcio de las necesidades de los agricultores perjudica al país.
Los servicios de capacitación y extensión deberían ser el programa central. El Servicio Fitosanitario y el Servicio de Sanidad Animal deben contar con un comité de evaluación y planeación, y prescindir de toda administración costosa e independiente.
El Consejo Nacional de Producción perdió su papel estratégico como ente de ayuda para los pequeños productores hace mucho tiempo. La planificación y ejecución de las obras de riego deben estar a cargo del MAG, y no de una organización independiente. Lo mismo puede decirse de la pesca, el desarrollo rural y el mercadeo.
La agricultura del futuro obliga a los países a promover más la investigación y la innovación, a hallar cultivos resistentes y tecnologías de punta. Es vital entender que los consumidores exigen mejor calidad, sistemas productivos amigables con el ambiente y propiedades nutritivas. Están más conscientes de la procedencia, sostenibilidad y manejo.
La demanda ejercerá una fuerte influencia sobre la variedad, la salud, la rotación de los cultivos, la selección de semillas y el uso de agroquímicos.
La nueva realidad económica exige consolidar las operaciones para ser eficientes con miras a un sector donde la coordinación y la productividad estén patentes.
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El autor es ingeniero.