La grotesca zarzuela que están protagonizando los miembros del Poder Judicial me ha traído a la memoria la figura inmensa de Fernando Coto Albán, eminente jurista, quien presidió la Corte Suprema de Justicia entre 1975 y 1983.
Era un hombre austero, sencillo, llano y trabajador. Don Fernando era capaz de jornadas laborales de 12 horas y más. Cuando uno pasaba frente a los edificios de la Corte a medianoche, veía, en la absoluta oscuridad del inmueble, una lucecita encendida en una oficina: era la de don Fernando, laborando, solitario e incansable, en su noble oficio.
Era sobrio: siempre manejó un Chevy Nova blanco. Él mismo lo conducía: no necesitaba chofer. No alimentaba veleidades de prima donna jurídica, de vedette mediática, de rey o emperador. Más aún: detestaba toda forma de figuración y era alérgico a la abyecta pasarela de los escandalillos públicos.
Todo funcionario que se hace conducir por un chofer y se sienta atrás para infligirle a su conductor su superioridad social y jerárquica es un papanatas. Los he conocido por centenares: la Cancillería, durante la administración Solís, nos ofreció muchos ejemplos de estos importantizados personajillos de vodevil.
Gentecilla obnubilada, encandilada por su súbito —y puramente simbólico— poder. Fernando Coto Albán estaba hecho de otra madera humana. Esos fueron alguna vez los grandes hidalgos que guiaron los destinos de la patria. Ya no los tenemos con nosotros. La especie se extinguió en décadas recientes.
Antítesis. En el otro extremo de la ética y del respeto a la ley, tenemos a Fernando Cruz y los caballeros de su mesa redonda amenazando con ignorar las normativas de la Contraloría y seguir aferrados con uñas y colmillos a sus privilegios salariales. El desacato bien podría calificar como causal de despido o de renuncia, si tuviesen algo de dignidad.
La primera Constitución —en el sentido moderno del término— de la que guardamos memoria fue la carta magna redactada en 1215, en Inglaterra, por un grupo de nobles ilustrados cuya pretensión fue poner freno a la desaforada dispendiosidad del rey Juan sin Tierra, quien, precisamente por no contar con un reino geográficamente determinable, suplía esta falencia autorrecetándose sumas inimaginables, que obtenía gravando pesadamente los ingresos de los nobles, los incipientes burgueses y los pobres vasallos, hijos de la tierra, cuyos exiguos ingresos eran obtenidos vendiendo su fuerza de trabajo como agricultores.
Esta carta magna contemplaba ya la creación de una contraloría. La contraloría era, y sigue siendo, un instrumento, una herramienta, un brazo, una continuación orgánica del Parlamento. Es la encargada de administrar las finanzas del Estado, el dinero público, el cumplimiento de las disposiciones presupuestales estipuladas por el gobierno.
Las nociones de Constitución y contraloría se fortalecieron durante la primera mitad del siglo XVII, cuando Oliver Cromwell lideró la primera revolución burguesa de la historia, la cual fracasó por la simple razón de que no le había aún llegado su tiempo de fruición social.
La Revolución francesa consolidó de manera definitiva ambas instituciones: la Constitución y la contraloría; la segunda, como decía, operando como un brazo administrativo, no jurídico, de la primera. Hoy por hoy, la contraloría recibe en Francia el nombre de Cour des Comptes, esto es, Corte de Cuentas.
Es un órgano respetabilísimo, una de esas instituciones del Estado cuyos dictámenes se escuchan, se acatan, se obedecen y que no admiten descalificación ni menosprecio. Cierto, Francia siguió teniendo reyes después de la Revolución de 1789 y las campañas napoleónicas, pero eran reyes endebles, castrados, muy limitados por los parlamentos y lejanísmos ya de la noción de absolutismo “por decreto divino”.
Carencia de pundonor. Pero Fernando Cruz viene ahora a decirnos que la Contraloría está procediendo contra él “como una Policía”. Siendo él abogado constitucionalista, debería saber mejor que nadie la importancia e inapelabilidad de los mandatos de un órgano como el que hoy le exige recortar sus pensiones, salarios y pluses laborales.
¡Por supuesto que la Contraloría opera como una forma de Policía! Pero no es la policía de quepis, uniforme azul y revólver al cinto ni es la policía encargada de proteger la seguridad ciudadana. Es la policía que supervisa el buen manejo de las finanzas públicas.
Hay una policía ecológica que valora el impacto ambiental de cada proyecto industrial o urbanístico en nuestro país, que desempeña su trabajo al amparo del Ministerio de Ambiente y Energía. Hay una policía que supervisa la adecuada manipulación de alimentos en la plaza de toros de Zapote y en todo restaurante del país, y que opera de consuno con el Ministerio de Salud.
Hay un organismo llamado Sugef, que funciona a la manera de una superintendencia policial vigilando el correcto funcionamiento de las instituciones financieras del Estado y proveyendo educación financiera a la ciudadanía.
Y sí, por supuesto que la Contraloría tiene una faceta policial, justamente para que no se produzcan los abusos en que el Poder Judicial ha incurrido. Así que cuando Fernando Cruz se queja de haber sido objeto de un tratamiento “casi policial” no se equivoca: tal es, precisamente, el propósito de la Contraloría General de la República.
Daño a su imagen y al país. Cúpula del Poder Judicial: el país entero sanciona su conducta. Es cosa que ustedes saben perfectamente, ¿no es cierto? Hoy, son los funcionarios más desprestigiados y execrados por la ciudadanía. De nuevo: presumo que están ustedes conscientes de ello, ¿verdad? Tal desdoro, tal deshonor, ¿no les genera algún grado de escrúpulo, de sonrojo? ¿Cómo logran conciliar el sueño por la noche? ¿A punta de somníferos? ¿Cómo consiguen verse al espejo todas las mañanas sin sentirse incómodos, perturbados? ¿Valen esos millones que se están embolsando tal pérdida de paz en el alma, tal turbulencia psicológica, tal escozor de sus fibras morales (supongo que aún las tienen)?
Su intransigente posición, ¿no les ha producido úlceras gástricas, crisis nerviosas, estrés, pérdida del apetito, fatiga crónica? ¿No querrían liberarse de esas afecciones cuanto antes? Esos mal habidos millones, ¿justifican aguantar el repudio de todo un país, la demonización por parte de su comunidad, dejar escrito el más negro capítulo en la historia del Poder Judicial? ¿Será posible que nada de eso les importe?
El daño que le están haciendo al país es mucho más que económico: es moral e histórico. Costa Rica no volverá jamás a tener del Poder Judicial el alto concepto que alguna vez tuvo. Fernando Cruz y sus caballeros de la mesa redonda han empañado la egregia memoria de Fernando Coto Albán, de Fernando Baudrit Solera, de todos esos servidores públicos que crecimos reverenciando.
En un país que, como el nuestro, ya ha perdido la fe en casi todas las instituciones del Estado, usted ha venido a despojarnos de nuestro último asidero. Nos ha dejado a todos en estado de intemperie política y metafísica. ¡Y todo —evoco el título de una de las películas de Sergio Leone— “por unos dólares más”! ¡Ponga fin a esta locura, a este acto de vesania, a este cáncer que se propaga, implacable, a toda la urdimbre política y social del país!
Un poco de decencia, magistrados, que no es otra cosa que respeto por la integridad psicofísica del prójimo, por sus derechos, sus dineros y su bienestar.
jacqsagot@gmail.com
El autor es pianista y escritor.