Los que ya tenemos cierta edad nunca imaginamos cómo las tecnologías digitales cambiarían nuestras vidas. Algunos dirán que los cambios son para mal. En verdad, la comunicación se vuelve a veces un poco más difícil. Basta con tratar de hablar con un adolescente, pegado todo al día a su celular, para comprobarlo.
Pero también son muchas las transformaciones para bien. Un ejemplo es el uso de las plataformas digitales. Esto es, tecnología avanzada para conectar usuarios con proveedores, como las apps de movilidad y reparto, que llevan personas o cosas de un lado a otro, tales como Uber, DiDi y Rappi, entre otras.
Un estudio patrocinado por la Cámara de Comercio de Costa Rica, en el cual participé, revela la importancia que han tomado esas plataformas en nuestro país. Son 30.000 conductores y 10.000 repartidores brindando servicio a cerca de un millón de usuarios.
Los beneficios de estas apps son diversos. Por un lado, permiten a conductores y repartidores tener una nueva fuente de ingresos, estimada en unos ¢177.000 millones al año. Muchos de ellos, especialmente los segundos, empezaron a trabajar para las plataformas durante la pandemia, cuando las restricciones sanitarias estaban en lo máximo. Pero más allá del ingreso, muchos encuestados manifestaron que las características que más aprecian de su labor son la independencia y la flexibilidad.
Es decir, valoran ingresar a las plataformas en horarios diferenciados, por pocas o muchas horas, según convenga a cada uno. Por consiguiente, muchas familias obtienen un ingreso complementario, muy útil en épocas de vacas flacas.
Del otro lado, están los usuarios, que reciben un servicio útil, que antes no existía. Esas apps se volvieron tan populares que más del 60% de los usuarios dicen gastar más de ¢10.000 al mes a través de las plataformas y el 94% manifiesta sentirse satisfecho con lo que obtiene de estas.
A pesar de lo relevantes y útiles que se han tornado en la vida diaria de los costarricenses, resulta que todavía no existe una legislación que las ampare, lo cual significa que quienes participan en ellas —usuarios, conductores y repartidores— lo hacen con la incertidumbre de que algún día pueden ser castigados por ello, lo que limita que más gente pueda sacar provecho a este tipo de instrumentos. No es lógico.
lmesalles@ecoanalisis.org
El autor es economista.