Cuando La Nación revelaba anomalías en la compra de equipos de protección personal contra la covid-19 en la Caja Costarricense de Seguro Social, el presidente ejecutivo, Román Macaya, presumía de la existencia, en la institución, del departamento de auditoría más fuerte del país. Con semejantes recursos de fiscalización, la corrección de las compras estaba garantizada o, cuando menos, podíamos confiar en el esclarecimiento de toda anomalía.
Este diario no tardó en demostrar lo contrario, y el propio departamento confesó sus omisiones, desacreditó su primer informe sobre una de las negociaciones relacionadas con las compras (la contratación de vuelos chárter) y presentó dos denuncias ante la Fiscalía, cuyos investigadores habían cerrado el caso confiados en las conclusiones originales de los auditores.
Ahora, Jorge Granados Soto, gerente de Infraestructura y Tecnologías de la Caja, deposita mucho menos fe en la auditoría para defender la compra del edificio Océano, en Sabana norte. Según los auditores, la construcción no vale los $4,5 millones pagados porque los tres niveles de sótano fueron valorados como si fueran espacio de oficinas, es decir, tres veces más caros. Si el peritaje se hubiera hecho según las tipologías del Ministerio de Hacienda, dicen los auditores, los tres pisos de oficinas se habrían valorado en ¢775.000 por metro cuadrado y los sótanos, en ¢250.000.
Pero el gerente Granados, a contrapelo de la confianza expresada por Macaya, niega al informe de auditoría el carácter de «santa palabra» y propone confiar en la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, porque es el ente técnico nombrado por la Junta Directiva para los avalúos de inmuebles.
En suma, la auditoría de la Caja es un sello de calidad de los procesos de compra de equipos de protección contra la covid-19, pero habla sin fundamento cuando critica la adquisición de un edificio. En ese caso, la garantía la brinda la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, designada por la Directiva con ese propósito.
No obstante, el edificio comprado con su intervención permanece desocupado desde hace más de un año porque carece de condiciones para reubicar a 138 funcionarios todavía varados en las oficinas centrales. El edificio no tiene la distribución requerida, ni dispone del cableado necesario para Internet. La Caja invertirá $1,2 millones adicionales en remodelarlo, pero nos deja con la impresión de que allí no hay santo ante el cual persignarse.
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