En diciembre, la Asamblea Legislativa derogó tres incisos del artículo 17 de la Ley de Radio y Televisión. Las normas establecían prohibiciones a la transmisión de noticias sin fundamento, al uso de lenguaje contrario a las buenas costumbres y al empleo de expresiones perjudiciales para el honor ajeno.
Las normas eran, en la práctica, inaplicables a la luz de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina moderna. Algunas penas previstas en los jirones sobrevivientes de la obsoleta ley, aprobada en 1954, ya dejaron de existir, como es el caso del arresto. Los artículos derogados también adolecían de indeterminación de las conductas tipificadas o falta de parámetros para fijar las sanciones.
En todos los casos, eran incompatibles con los tratados internacionales de protección de los derechos humanos y la jurisprudencia de ellos derivados.
Las regulaciones derogadas tampoco se correspondían con los valores sociales de la actualidad, como quedó comprobado cuando la actual administración intentó promover la “ley mordaza”, con un capítulo basado en la vieja ley de 1954. El estruendo del rechazo social a la iniciativa todavía resuena en los pasillos de la Casa Presidencial.
Las normas derogadas eran piezas de museo, absolutamente inútiles y superadas por el tiempo. No representaban peligro alguno para la libertad de expresión, así como a nadie se le habría ocurrido, en las últimas décadas, aplicar el tardíamente derogado decreto que prohibió a las mujeres tomar asiento en una barra a principios del siglo pasado.
La derogatoria se aprobó con 38 votos a favor y dos en contra, prueba de la existencia de piezas de museo no solo en la legislación nacional, sino también en el Congreso. No obstante la inaplicabilidad de la ley, los 38 diputados concurrentes con la derogatoria hicieron bien en eliminarla.
El gesto es más que simbólico. Representa un esfuerzo de los legisladores para sincronizar su labor con los valores democráticos del pueblo que los eligió. También es posible entenderlo como un compromiso que pronto podría ser puesto a prueba si los planes del gobierno para mejorar el acceso a la información de interés público no resultan tan buenos como los anuncian.
Costa Rica no está para ponerse a la cola en materia de libertad de expresión y acceso a la información. La práctica indica donde podemos mejorar y también previene contra el retroceso. Tranquiliza pensar que la Asamblea Legislativa no esté dispuesta a dar un solo paso atrás.