Una cifra que impresiona es que cada 17 horas muere una persona en un accidente de tránsito. El número, ya de por sí serio, se agrava porque la mayoría de las víctimas son menores de 30 años, una verdadera y dolorosa tragedia para sus familias y el país.
Se trata de un problema que viene creciendo de manera acelerada. En lo que va del año, han fallecido 334 personas, 30 más que el año pasado, y si hablamos de muertes de motociclistas, la curva es exponencial. Así, por ejemplo, durante años de prepandemia, como el 2017, murieron 106; en el 2018, 129, y en el 2019 fueron 142, pero en los últimos años hubo un incremento, con 184 en el 2021 y 230 en el 2022.
Aplaudo iniciativas como las del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y el Automóvil Club de Costa Rica, que instauraron un programa de tres meses en el que cambiaron 600 cascos viejos por nuevos en zonas en donde las estadísticas muestran una elevada mortalidad, como lo son Osa, San Carlos, Nicoya y San José, por cierto, un programa en el que las municipalidades podrían asumir un papel más activo.
Una causa de siniestralidad es el exceso de velocidad que, sumada a la impunidad existente en las carreteras, opera como un aliciente para continuar con estas malas prácticas.
Una justificación de la impunidad, según la Policía de Tránsito, es el bajo número de efectivos, que en 10 años bajó de 1.043 a 694, una disminución de un 30 %, que dividido en turnos de 8 horas significa contar con 126 oficiales para cubrir todas las calles del país.
El error es seguir pensando en resolver los problemas con las herramientas que nos sirvieron en el pasado, pero que hoy, ante las dificultades legales y presupuestarias del país, hacen muy difícil el aumento de oficiales. Hay que pensar diferente y recurrir a otras soluciones, como la tecnología, la educación, las cámaras, los partes automáticos y una red de conexión en línea, con lo ajustes legales que las permiten.
En cuanto a la educación, por qué no aprovechar la iniciativa de la reducción del marchamo para condicionar el beneficio a cursos de refrescamiento de la educación vial en las poblaciones meta detectadas, como lo están haciendo en San Carlos con 15 talleres de capacitación.
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La autora es politóloga, miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.