De los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se espera prudencia, mesurado análisis y, aunque impere la sana separación de poderes, la conciencia clara de que el Poder Judicial es parte del todo llamado Estado.
En un momento cuando la presidencia, en conjunto con el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa, hace ingentes esfuerzos para evitar el colapso económico, la solidaridad es el valor más preciado de esperar en cada costarricense, sobre todo, de quienes comprenden con mayor profundidad el significado de la palabra “justicia”.
Entre las varias acepciones del vocablo justicia, sobresale este: “Conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene”.
La amarga medicina llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas afecta a los 5 millones de habitantes del país. Ninguno queda por fuera.
Los más pobres, por ejemplo, deberán pagar su cuota de sacrificio mediante el impuesto del 1 % a la canasta básica, entre otros. Para muchos de ellos, con salarios mínimos o ingresos obtenidos de empleos informales, el monto será poco manejable. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, la reforma elevaría la pobreza del 20,3 % a un 20,41 %. Unos 5.800 hogares más. ¡Cuánta injusticia!
Futuro de la democracia. Este martes 16 de octubre los magistrados de la Corte Plena tomarán una decisión crucial, que puede, como en el pasado, anular el esfuerzo de redactar y negociar entre personas con distintas visiones económicas una reforma fiscal, muy exigua, por cierto, pero al menos dará señales a los organismos multilaterales y mercados crediticios de que estamos en vías de sanear nuestra finanzas y, por tanto, merecemos algo de compasión.
El presidente de la Corte y miembro de la Sala Constitucional ya adelantó criterio y afirma que la reforma fiscal afecta la autonomía del Poder Judicial. ¿Habrá cambiado de parecer en estas horas? Una gran paradoja.
Paul Valéry escribió en su obra La política del espíritu que “la era del orden es el imperio de las ficciones, pues no hay poder capaz de fundar el orden con la sola represión de los cuerpos con los cuerpos. Se necesitan fuerzas ficticias”. Una de esas ficciones es la autonomía que reclama Cruz para el poder que preside.
“El tema medular es la independencia, no los salarios”, declaró este domingo a La Nación. Sin embargo, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no afecta la independencia del Poder Judicial, como lo ha dicho la misma Sala en votos sobre otros asuntos relacionados con políticas financieras del tercer poder de la República.
Entiendo cuán difícil debe ser estar en una posición donde al menos 12.000 empleados del Poder Judicial esperan de su presidente la defensa a ultranza de sus salarios, aunque los números muestren la necesidad de un ajuste en aras de no caer la nación entera en quiebra.
Descalificado. La mala noticia para esos empleados es que el magistrado Fernando Cruz no está en posición de defenderlos, se descalificó a sí mismo y debe inhibirse cuando la Sala IV analice si la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas contiene vicios de inconstitucionalidad.
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De ello ha dado cuenta La Nación en varios editoriales a principios de mes y ayer lunes. Pero hay otra cosa que Fernando Cruz también debería hacer, como muestra de que tiene conciencia y conocimiento exacto del significado de la justicia: delegar la presidencia en la vicepresidenta, Carmenmaría Escoto, cuando la Corte Plena analice hoy ese punto de la agenda. Demostraría conciencia de que ha cometido un error y puesto en entredicho la separación de poderes.
Su conciencia debería dictarle ser solidario con el país y no propiciar una posible crisis que le afectaría a él, quizás un poquito, pero muchísimo a los más pobres del país.
Guiselly Mora es editora de Opinión de La Nación.