En Costa Rica la población de migrantes irregulares y solicitantes de refugio no tiene acceso a vacuna contra la covid-19. Las autoridades de Salud les exigen sacar primero los papeles que legalizarían su situación; sin estos, no los inoculan (La Nación, 27/7/2021).
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Esta postura plantea una pregunta ética: ¿A qué debe darse prioridad: al derecho de un ser humano, innato a su condición, o a un estatus jurídico? Se trata en este caso del derecho a la salud en una materia que, literalmente, puede significar la vida o la muerte, no solo de las personas a las que se les niega la vacuna, sino también de muchas otras, que corren peligro de contagio.
Costa Rica dice que los papelitos mandan y punto, lo que deja a la población migrante frente a la siguiente alternativa: (a) Si quiere vacuna, devuélvase a su país de origen (del que ha huido); (b) si quiere vacuna, vaya y saque los papeles (un calvario burocrático). Finalmente, si una persona no quiere ninguna de estas opciones, se llega a (c), el final del proceso: cero vacuna. Nótese que, en esto, las autoridades transfieren la responsabilidad del resultado a los migrantes y refugiados: al no escoger entre las opciones que les dejan enfrente, son culpables de su propia desprotección y de una potencial contaminación a los demás.
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Discrepo de esta política pública y me avergüenzo de ella. La condición humana siempre tiene prioridad por sobre un estatus jurídico, especialmente cuando se trata de preservar la salud y la vida. Además, estas poblaciones son las más desamparadas de nuestra sociedad, sin papeles, sin garantías sociales y laborales.
De feria, les negamos un servicio elemental, lo que agrava su condición. Epidemiológicamente, la decisión de Costa Rica es difícil de defender: ¿Pueden estas personas, que andan en los cientos de miles, contagiar y ser contagiadas? Desde el punto de vista político, es una mancha para un país que se proclama como defensor de los derechos humanos. Encima, nos burlamos de ellos: los mandamos a regularizar papeles cuando sabemos que tardarán años en recibir respuesta.
La medida de una sociedad es siempre su trato a los más débiles. Estamos fallando y debemos rectificar. El contraargumento es que no hay vacunas para todos. Las autoridades pueden encontrar fórmulas para atender esta situación, como lo han hecho en otras situaciones.
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El autor es sociólogo.