“En Costa Rica cobramos barata la mentira”, dijo el presidente, Carlos Alvarado, para responder a quienes atribuyen la ley de empleo público a una imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI) o una salida de último minuto para lograr un acuerdo. La falsedad es obvia y son innumerables los documentos donde quedó registrada la verdad.
Los contactos iniciales con el FMI se dieron a mediados del 2020, cuando el país necesitó apoyo para enfrentar la pandemia. Seis meses antes, el 10 de febrero, el gobierno anunció al Congreso su intención de incorporar el proyecto a la convocatoria del 27 de febrero siguiente.
La ley había entrado a la corriente legislativa en abril del 2019, cuando todavía la idea de una pandemia era lejana memoria histórica o materia de la ciencia ficción. Pero los antecedentes de la ley de empleo público son todavía más remotos. Cuando el gobierno planteó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el 2018, la ministra de Hacienda Rocío Aguilar prometió impulsar el cambio al año siguiente.
Así respondió, en mayo del 2018, un par de semanas después de iniciado el gobierno, a los cuestionamientos sobre la insuficiencia de las medidas de contención del gasto incorporadas a la reforma fiscal. Aguilar insistía en la necesidad de hacer ajustes estructurales como seguimiento a las medidas “paliativas” de aquel momento.
El presidente Alvarado señala un antecedente todavía más antiguo: sus compromisos de campaña. Eso nos ubica en el 2017 y magnifica la mentira barata sobre la imposición del FMI o la precipitada redacción de la ley para salir del paso, con el agua al cuello, en el 2020. No obstante, se equivoca el mandatario si fija en esa fecha el antecedente más remoto.
El país cobró conciencia, hace varios años, de la necesidad de la reforma. Durante la administración Chinchilla, la ministra de Trabajo Sandra Piszk hizo un primer intento y luego insistió durante el gobierno de Luis Guillermo Solís. Tanta claridad había sobre la urgencia de operar el cambio que esa administración, muy lejana de la responsabilidad fiscal y muy próxima al sindicalismo, se vio obligada a presentar una iniciativa calificada de light en el 2017.
La reforma estuvo sobre el tapete muchos años, pero, como bien dijo el presidente Alvarado, no había incentivos políticos para encararla con determinación. Ese mérito quedó para su gobierno y la Asamblea Legislativa que lo acompañó. Las mentiras no deben ser tan baratas, ni tan obvias.
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