La autonomía universitaria ha estado en el centro de los debates nacionales sobre presupuestos de la educación superior, beneficios laborales de los funcionarios, relevancia de la oferta educativa actual para la nueva economía y otros temas relevantes. En algunos casos, la pertinencia de invocar el concepto es dudosa y, en otros, ha servido para cobijar abusos.
No obstante, el principio es de cardinal importancia para la sociedad democrática, especialmente en cuanto garantiza la libertad de cátedra. Guillermo de Humboldt, uno de los fundadores de la Universidad de Berlín, abogó hace más de doscientos años por una universidad libre, ajena a los dictados de gobiernos, religiones o instituciones políticas. La reforma de Córdoba de 1918 se asentó sobre los mismos ideales, convencida de que el conocimiento prospera en libertad.
Haríamos bien en no olvidarlo ni caer en confusiones a partir del debate, a veces enconado, de problemas concretos cuya relación con el valor esencial de la autonomía es, cuando mucho, tangencial. La incorporación de los ministerios de Hacienda, Planificación, Educación Pública y Ciencia y Tecnología a la toma de decisiones curriculares y de gobierno universitario, pretendida por una iniciativa de ley del Poder Ejecutivo, marcha exactamente a contrapelo de ese valor, incorporado a la Constitución Política.
Para comprender la importancia de la libertad de cátedra basta volver los ojos hacia la Florida donde, en ausencia de garantías similares, el gobernador Ron DeSantis impulsa leyes para excluir determinadas materias y enfoques de la educación superior pública y dar a los órganos de dirección universitaria nombrados por él potestades disciplinarias y de contratación capaces de intimidar a los profesores o reemplazarlos por otros, con una visión del mundo más afín a la del gobernador.
En las instituciones de enseñanza superior de Florida no se podrá impartir, por ejemplo, la teoría racial crítica (Critical Race Theory), dedicada a reflexionar sobre el racismo estructural, es decir, ínsito en las instituciones sociales. El planteamiento contradice la mitología histórica estadounidense, construida a partir del olvido de la esclavitud y de la segregación practicada hasta los años 60 del siglo pasado. Todo país, incluido el nuestro, envuelve en mitos su historia, pero todos se benefician de una academia capaz de poner la mitología a prueba. Para eso, y mucho más, sirve la libertad de enseñanza.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.