Sorprendió lo rápido que se solucionó el caso de GNC. Ante el cierre de todas sus tiendas en el país, hubo una movilización de autoridades que finalmente llevó a su reapertura en menos de una semana. De alguna manera, esto es una señal de que el grave problema de tramitomanía de este país se puede resolver.
El tiempo que toma hacer trámites de gobierno es un calvario para toda la población. En los ránquines de competitividad, Costa Rica sale muy mal calificada. El exceso de burocracia es caro, pues se paga doble: se pagan salarios en exceso a empleados públicos y, además, la gente paga con la pérdida de valioso tiempo haciendo trámites. Cuando se considera que las gestiones son básicamente iguales para todos, pero el beneficio es proporcional al volumen de negocio que cada uno tenga, el pequeño empresario es el que sale más perjudicado con el exceso de trámites.
Está claro que algún nivel de trámites es necesario, pues el Estado cumple alguna función de protección de los ciudadanos. Pero es válido cuestionarse hasta qué punto el Estado puede estar asumiendo más responsabilidad de la cuenta, sin permitir que las personas asuman su propia cuota de responsabilidad. En medicamentos y productos naturales, por ejemplo, cada persona debería tener el cuidado de consultar con un profesional y evaluar muy bien lo que va a tomar o consumir. Los fabricantes, importadores y tiendas también deben asumir su cuota de responsabilidad, en caso que vendan productos inadecuados. Para ello, la labor fiscalizadora del Estado debería enfocarse más en revisar lo que está en las tiendas que en preocuparse por los registros.
Otro punto a evaluar son los requisitos que se piden para cada gestión. En muchos casos hay pasos que no agregan valor. En ese sentido, el trabajo que viene haciendo la oficina de Gobierno Digital es muy bueno. Mediante la revisión de procesos, para luego digitalizarlos, está ayudando a reducir los tiempos de las gestiones.
Pero esa labor está limitada por la voluntad de algunas partes en hacer más transparentes y rápidos los trámites. Algunos burócratas se pueden oponer porque sienten que su trabajo peligra, si se simplifican los trámites. Otros se oponen, pues el sistema actual les permite alguna discreción que usan para solicitar una “mordidita” que complemente su salario. Del otro bando también hay empresarios corruptos que no quieren la simplificación, porque la maraña actual les permite frenar la entrada de los productos de su competencia al mercado.
La reducción de la tramitomanía debe ser una parte importante de la Administración Solís. Es un paso primordial para hacer la labor del Estado más ágil, transparente y, por ende, menos propensa a la corrupción. Con el caso de GNC, queda demostrado que se puede avanzar cuando hay voluntad de las partes.