Aunque la esperanza de algunos era que la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional encaminaría mejor la economía, la verdad es que aún queda un largo camino por recorrer, advierte la agencia Fitch al mantener —no mejorar— la calificación de la deuda del Gobierno Central.
Para que la deuda pública retorne a niveles considerados como sostenibles a mediano plazo, se requiere algo más que la aprobación de la propuesta del acuerdo del gobierno con el Fondo. Esa es apenas una condición necesaria, pero, claramente, insuficiente.
Por un lado, se necesita un compromiso serio de la administración actual con que va a cumplir la regla fiscal y, más allá del término del período de Alvarado, de quien gane la presidencia.
A partir de febrero del 2022 deberá continuar la restricción en el crecimiento del gasto público. Ahí, tenemos una responsabilidad todos los votantes.
Por otro lado, deben aprobarse reformas con el fin de garantizar una mejora sostenida de las finanzas públicas. El proyecto de Hacienda digital y la simplificación del sistema tributario son fundamentales para reducir la evasión de impuestos. También, debe revisarse el funcionamiento de todas las instituciones públicas con el objetivo de incrementar su eficiencia y eficacia.
LEA MÁS: Moody’s, Fitch y S&P desconfían del apoyo político a plan con el FMI
Finalmente, es indispensable que la economía costarricense vuelva a crecer a un ritmo mucho mayor, y de manera sostenida. Entre las medidas de reactivación de más impacto está el control de la covid-19. Extraña la lentitud del proceso de vacunación. Menos del 5 % de la población fue vacunada, uno de los porcentajes más bajos entre los países miembros de la OCDE. Y, tras de eso, el Ministerio de Salud redujo la velocidad de vacunación debido a las vacaciones de Semana Santa.
Pero también hay que pensar a largo plazo y retomar la discusión sobre acciones que transformen estructuralmente la economía. Lo mismo de siempre: aprovechar las oportunidades del comercio internacional —especialmente orientadas a las zonas rurales—, simplificar y digitalizar trámites, reducir costos de servicios públicos y mejorar infraestructura, entre otras.
Como advierte Fitch, aún falta mucho por recorrer para que Costa Rica salga de la zona de peligro. Lo malo es que al gobierno no se le ve ningún sentido de urgencia. Como que no hay prisa.
lmesalles@ecoanalisis.org
El autor es economista.