La ley del empleo público es fundamental para el futuro de la economía costarricense. No solo es parte del acuerdo presentado por el gobierno al Fondo Monetario Internacional, sino también una necesidad de reforma para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos en el sector público.
El sistema de remuneraciones y beneficios de los servidores estatales debe responder a lo que existe en el mercado. No porque el mercado sea perfecto, pero sí porque refleja mejor la capacidad de pago del país, que, en palabras de la contralora, es un sistema desordenado y poco transparente. A tal punto que es sumamente difícil determinar cómo se calcula cada salario o beneficio o qué normas se utilizan para determinarlos. Ya se sabe, en río revuelto, ganancia de pescadores.
El problema se origina porque para acordar convenciones colectivas en instituciones públicas el representante del patrono que negocia con los sindicatos es también un funcionario. No solo es compañero de quienes se sientan al otro lado de la mesa de negociación, sino que, además, se beneficia del resultado. Como no le tocará pagar los beneficios que otorgue en la negociación, el sistema carece de frenos y contrapesos. Así es como los empleados públicos han obtenido prebendas exageradas, alejadas de la capacidad real del país.
De ahí que la idea original del proyecto de empleo público, como yo lo entendía, era que debía existir un ente técnico, imparcial, que determinara la forma como debía operar el sistema de empleo en el Estado. Al eliminar el claro conflicto de intereses de los negociadores, se podría lograr que las remuneraciones recibidas por los funcionarios estuvieran ligadas, de mejor manera, a los aportes hechos por cada uno de ellos al servicio público que brindan.
Además, se suponía que el ente técnico tendría una visión más amplia, como para medir la capacidad del país de pagar el resultado del esquema de empleo público que se escoja.
La decisión de algunos diputados de excluir a las universidades del esquema centralizado de empleo público tira por la borda lo que se pretendía originalmente, o por lo menos lo que yo pensaba que era la intención. Dejar en manos de instituciones la determinación de su propio sistema es promover que siga el desorden, la falta de transparencia y la fiesta de unos a costa de otros.
lmesalles@ecoanalisis.org
El autor es economista.