Es muy sencillo hacer un inventario de las atrofias que afectan nuestro sistema político e institucional. Todos los días sale a flote una de ellas. No hay sector de la actividad pública exento de taras sustanciales que afectan la calidad de vida de todos los integrantes de la sociedad: desde la prestación de servicios básicos como la salud, la educación o la administración de justicia hasta los defectos estructurales de nuestro sistema de elección de representantes o las trabas para el acceso al poder formal.
Las propuestas abundan también, y muchas de ellas han sido objeto de discusión durante décadas, sin que haya sido posible llevar a cabo una transformación acorde con las exigencias de los tiempos.
Identificar las vías de la reforma institucional podría facilitarnos la comprensión de los obstáculos y las oportunidades que podrían hacer posible poner en marcha esa gran tarea pendiente.
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La reforma dentro del marco institucional. Esta premisa debe ser confirmada una y otra vez, ante las voces de la iracundia que abundan en momentos en que el descontento ciudadano, totalmente justificado, hace a muchos perder la fe en nuestro sistema.
La democracia, con todos sus defectos, suministra los mecanismos de autorreparación suficientes para ajustarse a los cambios que exigen los tiempos. Cuando decimos que hay que hacer ajustes sustanciales en los órganos en que tradicionalmente se distribuye el ejercicio del poder y la necesidad de superar las agotadas e inservibles formas de especialización de funciones, presuponemos que dichos cambios deben hacerse a partir de las reglas institucionales establecidas.
Debemos evitar a toda costa oír los cantos de sirena de los populistas y demagogos que lo que hacen es sembrar las semillas del rompimiento del orden establecido.
La transformación institucional debe ser paulatina. Los cambios que requiere la recuperación plena del Estado de derecho son de tal alcance y de tal urgencia que, a pesar de esa urgencia, requieren ser implementados con la creación de amplios consensos que no pueden ser apresurados.
La transformación debe suministrar las herramientas para que como sociedad asumamos las grandes tareas colectivas que enfrentaremos colectivamente en las próximas décadas, y este reto no se puede aceptar con improvisaciones.
Los cambios deben ser a la medida y sin imitaciones. No hay esquemas predeterminados ni modelos que imitar, como ha sido un error reiterado en el pasado; todo lo contrario, debemos diseñar las instituciones que sirvan a nuestras necesidades particulares para enfrentar el futuro dotados de los mecanismos que revitalicen nuestra democracia y hagan que la autodeterminación de los ciudadanos sea una vivencia cotidiana.
Hay que dejar atrás la reverencia a esquemas de organización institucional que han dejado de dar resultados aceptables en la mayor parte del mundo.
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El eje de la transformación debe ser el individuo no el Estado. Debemos diseñar cambios que fortalezcan las instituciones para que sirvan mejor a los ciudadanos y no al contrario. Toda estructura pública debe estar al servicio del ciudadano, y esto debe impregnar de principio a fin todo el rediseño institucional, de modo que superemos el esquema actual, en el que el aparato público pasó a ser el centro y la justificación de toda política pública. Debemos recuperar el Estado para que sea un servidor eficiente de los individuos y garantice, interviniendo donde deba hacerlo y no entorpeciendo cuando no deba hacerlo, la plena realización de todos los habitantes.
El centro de la transformación es el Congreso. No hay ninguna duda de que la puesta en marcha de los cambios urgentes que requiere nuestra institucionalidad solamente pueden ser promovidos en la Asamblea Legislativa, ya sea por la vía legislativa o por medio de reformas constitucionales parciales.
El apoyo o liderazgo que pueda proporcionar el Ejecutivo sería importante, pero serán los legisladores quienes dispondrán de las potestades de asumir las grandes transformaciones que se requieren.
El mecanismo referendario es sumamente limitado y no se adapta a la dinámica de creación de consensos propios de los cambios necesarios. El multipartidismo, que podría acentuarse en el próximo parlamento, es un factor que hará aún más complicado el proceso. En todo caso, el escenario en donde puede llevarse a cabo esta tarea no es otro que el Congreso.
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Ajuste del reglamento legislativo como premisa básica. El próximo parlamento debe emprender desde el inicio de sus funciones una transformación del reglamento interno que siente los mecanismos necesarios para poner en marcha la recuperación del Estado de derecho y la modernización de nuestras instituciones.
Aquí se podrían iniciar grandes transformaciones introduciendo mecanismos específicos para someter a los jerarcas de los órganos que son de su nombramiento y supervisión a una efectiva rendición de cuentas con mecanismos expeditos de remoción.
Gran parte de la desconfianza en las instituciones recae en la total impunidad con que los altos jerarcas adoptan decisiones que los favorecen directamente incumpliendo con su deber de inhibirse, lo cual ha minado sustancialmente la credibilidad de los ciudadanos.
El corporativismo no debe ser actor principal en la transformación. Una de las principales causas del desgaste y falta de credibilidad de la población en nuestras instituciones es la toma absoluta del control por parte de los grupos corporativos de toda naturaleza, que se han adueñado del aparato público y lo han puesto a su servicio exclusivo, provocando que los fines generales de la colectividad hayan pasado a segundo plano.
El proceso de reforma estará a cargo en forma exclusiva del Congreso, que escuchará a todos los sectores de la sociedad, pero dichos sectores deberán canalizar por los medios formales de poder sus posiciones y en ningún momento podrán suplantar la voluntad popular.
Cuanto más posterguemos el inicio de las transformaciones necesarias para la modernización de nuestras instituciones, más riesgo corremos de que salgan de sus escondrijos los populistas y autoritarios de turno y traten de sacar provecho del descontento generalizado.
El autor es abogado.