Hace tres años, la Sala IV abrió el camino para el matrimonio igualitario en Costa Rica. Muchos aplaudimos. Hace siete días, la misma instancia declaró constitucional la llamada «objeción de conciencia» en la ley de empleo público. Quienes rechazamos mezclar religión y República arrugamos la cara. Sin embargo, las implicaciones de ambas decisiones son radicalmente distintas, más allá de avalar su normalización jurídica.
En el primer caso, se eliminó una inaceptable discriminación y se consolidaron derechos humanos esenciales. En el segundo, se avaló una posible excepción, que transcribo: «Los servidores públicos podrán informar a la Administración, por medio de una declaración jurada, sobre su derecho a la objeción de conciencia, cuando se vulneren sus convicciones religiosas, éticas y morales, para efectos de los programas de formación y capacitación que se determine sean obligatorios para todas las personas servidoras».
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Entendamos: se reduce a las capacitaciones, estará sujeta a trámites reglamentarios y no afectará derechos de terceros. Por esto, quienes le otorgan dimensiones absolutistas, la rechazan sin matices y la convierten en un parteaguas para sus reclamos de identidad, representación y conducta política, cometen un doble error.
En lo esencial, al equiparar la oposición a esta cláusula con las luchas en pro de derechos básicos, minimizan la jerarquía de estos. En lo práctico, hay más: exageran el «triunfo» de los conservadores religiosos que la impulsaron, les sirven en bandeja de plata argumentos para que maquillen su falta de propuestas serias, generan otro foco de posible polarización, se presentan como intransigentes e irrespetuosos de valores ajenos y distorsionan el debate dentro de la formación política que ha sido más cercana a sus aspiraciones: el PAC.
Dos de sus diputados, Carolina Hidalgo (precandidata) y Enrique Sánchez, han optado por la postura maximalista y condicionado su apoyo a la ley a que se elimine la cláusula. Si no lo lograron antes, menos lo lograrán ahora. De paso, suenan a oportunistas y reduccionistas, y se declaran incapaces de explicar por qué la aceptaron antes y por qué fue un precio bajo a pagar por los votos para un proyecto del que mucho depende la eficiencia del Estado y el futuro de nuestra estabilidad.
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