Lo que sucedió esta semana con la renuncia de la viceministra de Vivienda y su posterior designación en la directiva del Banhvi refleja algunos de los problemas del Estado.
Todo empieza cuando alguien se da cuenta de que la ahora exviceministra Ana Cristina Trejos había recibido, durante más de dos años, un sueldo mayor al que le correspondía. Esto por no cumplir con un requisito que le permitiera favorecerse de uno de los tantos pluses de privilegio que gozan los empleados públicos.
Está claro que el esquema de remuneraciones del sector público tiene problemas de diseño. Usualmente no existe una clara relación entre el salario devengado y la capacidad o desempeño de la funcionaria en el puesto (sea para bien o para mal). Tampoco es clara la relación entre los requisitos solicitados y el cargo que deben desempeñar.
Lo importante es que se cumplan los requisitos para recibir los pluses. Esa es la fórmula ideal para la mediocridad. Pero, además, al haber grandes beneficios por cumplir con los requisitos (correcta o incorrectamente), la tentación para el abuso es enorme.
El drama continúa cuando, en forma casi simultánea, la viceministra Trejos renuncia a su cargo, la nombran asesora del Viceministerio de Juventud y, luego, directora del Banhvi. Con esa movida, Trejos termina ganando dietas de junta directiva, por seis horas semanales, equivalentes al salario que devengaba como viceministra a tiempo completo (con pluses indebidos).
Surge la interrogante sobre la necesidad de tantos puestos, en tantas juntas directivas, como los que hay. Por un lado, muchos de esos puestos están asignados por ley a grupos de presión, cuyos miembros llegan al cargo no para favorecer el interés nacional, sino al de su grupo. Por otro lado, los políticos se ven tentados a usar esos puestos como favores políticos, especialmente cuando los beneficios son tan jugosos.
Por estas y muchas razones más, hay que entrarle a la modernización del Estado costarricense. Hay que hacerlo más eficiente y flexible, con menos ataduras políticas, legales y reglamentarias. Para ello se requiere, en parte, una reforma al esquema de remuneración del empleo público. Pero también hay que entrarle a una reforma estructural del Estado para, como dice el proyecto de ley presentado por el diputado Otto Guevara, fortalecer su gestión gubernamental y así “gobernar sin excusas”.