A juzgar por la última evaluación de desempeño hecha a los empleados de los ministerios, Costa Rica cuenta con una planilla pública que debería ser la envidia de las naciones más desarrolladas.
De acuerdo con un reporte de la Dirección General de Servicio Civil, el 99% de los trabajadores del Poder Ejecutivo obtuvo una calificación de “excelente” o “muy bueno” en el 2020.
El resultado no debería extrañar si contáramos con carreteras en perfecto estado, trámites expeditos, buenos servicios, grandes avances educativos y transparencia en el ejercicio público.
Pero todos sabemos que ese mundo de fantasía no existe y que los resultados evidencian la gran mentira que rodea al deficiente sistema de evaluación del sector estatal.
Los datos no calzan. ¿Cómo es posible que el 98% de los docentes obtenga la nota máxima cuando todos los diagnósticos señalan una caída en el rendimiento de los estudiantes?
De hecho, el Octavo informe estado de la educación indica que el país registró en los últimos cuatro años los “peores resultados educativos”. ¿Será entonces que a los maestros y profesores más bien los premian por eso?
Está claro que el procedimiento de calificación, además de poco riguroso, permite maquillar, o incluso esconder, el verdadero desempeño de los funcionarios.
Recordemos que este instrumento sirve como base para el pago de anualidades (uno de los pluses salariales más onerosos del sector público) a quienes obtengan altas notas.
Sin embargo, tal parece que la evaluación está diseñada para que la mayor cantidad posible de empleados reciba el “premio”, por cortesía de los contribuyentes, aunque realmente no lo merezcan.
El pago de anualidades fue suspendido en el 2020 y el 2021 por una ley impulsada por el gobierno, debido a la dramática situación fiscal del país. Lo anterior significó, solo este año, un ahorro de ¢316.320 millones.
Si las finanzas públicas mejoran, podría ser que el grifo se reabra a partir del 2022 para que cualquier hijo de vecino pueda echarse a la bolsa dinero que no ha ganado.
Esto no solo es injusto para las arcas del Estado, sino también para aquellos servidores que realmente derrochan mística y eficiencia. Esta es otra razón para apoyar la ley de empleo público.
rmatute@nacion.com