Toda denuncia de la prensa, mientras más clara y contundente, con mayor razón, corre el riesgo de ser caracterizada como “juicio mediático”. Es una salida fácil para evitar la discusión de fondo. La prensa, dicen los afectados, se arroga el derecho de enjuiciar cuando para eso están los tribunales.
Los responsables exigen el debido proceso, aunque en realidad les espanta la posibilidad de enfrentarlo y, muchas veces, se ven en ese trance a consecuencia de la labor de la prensa. Los procedimientos formales tienen su momento. No siempre, porque la impunidad es proverbial en Costa Rica. Cuando ocurren, los tribunales y órganos administrativos deben seguir la ley al pie de la letra. Eso no es incompatible con el vigoroso ejercicio de la libertad de expresión ni con el papel vigilante de la prensa. Son fenómenos distintos, tan valioso uno como el otro.
Si existe el “juicio mediático”, conviene preguntar quiénes integran el jurado. La respuesta no puede ser más obvia: los ciudadanos. Ese es el juicio temido, en primera instancia, por los responsables de actos ilegales o inconvenientes en ejercicio de la función pública y en otros ámbitos del quehacer nacional.
El “juicio mediático” es, a fin de cuentas, el juicio de los conciudadanos. Los medios no escapan a su veredicto. Si informan con sesgo o mala fe, arriesgan tanto, a ojos del jurado, como los aludidos por sus denuncias. Exactamente como sucede con los funcionarios, las consecuencias de informar mal no terminan con el veredicto del público. Después viene el juicio penal por delitos contra el honor.
Cuando los medios publican, los ciudadanos juzgan a partir de los hechos, pero el veredicto recae también sobre la prensa. Los periodistas nos exponemos tanto como exponemos a los responsables de la mala administración. Más cuando la prensa se apega a la comodidad de la intrascendencia, nadie juzga y los transgresores hacen fiesta.
En ausencia de información, el jurado no tiene elementos para formar un juicio y, a falta de su criterio, pocas veces ocurre el debido proceso encargado a los tribunales o, en su caso, a los órganos administrativos. La deliberada confusión entre el juicio de los tribunales y las conclusiones informadas de la ciudadanía es una tomadura de pelo.
Los tribunales juzgan de conformidad con la ley. Los ciudadanos también lo hacen, con arreglo al sentido común. La falacia del “juicio mediático” pretende negar ese derecho, tan fundamental para la democracia.