La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) juega un papel muy importante en la institucionalidad del país. Su fin es proteger a los ciudadanos del potencial abuso del poder monopólico que tienen las empresas proveedoras de servicios públicos.
El regulador debe determinar el precio “justo” para los servicios públicos. “Justo” en el sentido de que la empresa que brinda el servicio pueda cubrir sus costos y tener una ganancia “razonable”, que le garantice sostenibilidad a largo plazo. Al mismo tiempo, debe velar para que el consumidor no pague un precio “muy alto”, comparado con la calidad de lo que recibe.
Nótese que pongo comillas a algunos adjetivos que son muy subjetivos. Solo Dios sabe cuánto es “justo”, “razonable” o “muy alto”. En Costa Rica, la ley le da esa potestad casi divina a la Aresep. Para los servicios públicos brindados por empresas estatales, el precio se fija según sea el “costo”. Para los brindados por empresas privadas, al “costo” se le agrega una rentabilidad “razonable”.
La tentación para que las empresas presionen al regulador es enorme. Si logran convencerlo de que el “costo” de brindar el servicio es más alto de lo que en realidad es, este fijará un precio mayor que el “justo”. Los empresarios privados lograrían con ello embolsarse una mayor ganancia.
En las empresas públicas, los beneficios se los reparten entre empleados (por medio de privilegios) y proveedores (mediante sobreprecios en aquello que le venden a la empresa pública). Existe, además, la tentación para el gobierno de presionar a la Aresep, y con ello generar un superávit en las empresas públicas que ayude a financiar el déficit fiscal. En todo caso, el que paga los platos rotos es el consumidor.
El regulador saliente, Dennis Meléndez, me parece que ha hecho una buena labor en orientar la Aresep hacia la defensa del consumidor. Ha intentado dotar de independencia a la institución, mediante la contratación de profesionales con mayor capacidad técnica, y con ello enfrentar las presiones de los regulados. Aun así, falta mucho camino por recorrer. Persiste la sensación de que los regulados dominan al regulador en muchos casos.
El candidato designado por el gobierno como regulador, Roberto Jiménez, si bien puede ser un buen profesional, el hecho de que provenga de trabajar en una empresa regulada le genera un hándicap muy grande.
Será muy difícil que pueda evitar el conflicto de intereses que enfrentará cuando deba defender a los consumidores, en detrimento de sus excompañeros de trabajo.
Luis Mesalles obtuvo su doctorado y maestría de Economía en The Ohio State University y su bachillerato en Economía en la Universidad de Costa Rica. Actualmente, es socio consultor de Ecoanálisis y gerente de La Yema Dorada. Participa en varias juntas directivas. Anteriormente, fue vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, presidente de Academia de Centroamérica, profesor en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Stvdium Generale.