El magistrado Carlos Chinchilla, de la Sala Tercera, dedicada a la materia penal, declaró poco después de su reelección, con muchos años de experiencia acumulada, que lo importante para combatir la delincuencia no es la severidad del castigo, sino la erradicación de la impunidad.
“Desde hace muchos años no hablo de más penas. Están bien las que hay y, si quieren bajarlas, no importa, pero por lo menos lleguemos a que en el proceso se decida algo”. Tiene toda la razón. Sus declaraciones son especialmente importantes por tratarse de un magistrado hasta ahora identificado con las corrientes favorables a endurecer los castigos. También son relevantes por sus tres décadas en la judicatura, su papel como presidente de la Sala y la promesa de concentrar sus futuros esfuerzos en la lucha contra la impunidad.
Los casos no se resuelven o se resuelven con excesiva tardanza. A la hora del juicio, los testigos recuerdan poco o se ausentan, por amenazas o simple pérdida de interés. La Policía no siempre cumple las normas de custodia de la prueba y los fiscales, con frecuencia, la recaban mal.
Hay impunidad, como dice el magistrado Chinchilla, y pocas voces están igualmente calificadas para advertirlo. Una primera idea adelantada por el alto juez para dotar al proceso penal de mayor eficacia es eliminar la etapa intermedia del procedimiento con el fin de acelerar los resultados, economizando hasta año y medio.
Surgen dudas sobre la importancia de esa etapa para la preservación de las garantías ofrecidas por el derecho penal a los acusados, pero la idea merece estudio. El magistrado no ve incompatibilidad entre su propuesta y la integridad del derecho a la defensa.
Sin embargo, hay otro problema, de orden práctico, que no debe ser obstáculo para agilizar el proceso penal, pero no puede ser olvidado: el hacinamiento y las pésimas condiciones de las cárceles costarricenses. Si en el ambiente de impunidad descrito por el magistrado las prisiones no dan abasto, un proceso penal más eficiente podría implicar el colapso definitivo.
El caso quedó demostrado con el funcionamiento de los tribunales de flagrancia, una de las medidas más eficaces contra la impunidad y, al mismo tiempo, un duro golpe a la maltrecha administración penitenciaria. El desarrollo de infraestructura carcelaria es limitado y lento, mientras la sobrepoblación alcanza grados incompatibles con el respeto a los derechos humanos. Así no es posible combatir la impunidad.